“Desde la Junta de Personal le exigimos que deje ya de utilizar a los docentes en sus negociaciones parlamentarias”
La Junta de Personal Docente ha exigido al consejero de Educación, Sergio Silva, que deje de utilizar al profesorado en sus negociaciones parlamentarias y que vuelva a las mesas de negociación para alcanzar un acuerdo de mejoras para la Educación Pública.
La Junta se pronuncia tras el anuncio de nuevas movilizaciones docentes y después de que el consejero instara públicamente a este órgano a “concentrar sus energías en exigir a los partidos en la oposición que apoyen los presupuestos del Gobierno”, unos presupuestos que, según Silva, incluirían una partida destinada a acometer una subida salarial supuestamente acordada en julio de 2025.
Desde la Junta de Personal Docente se niega la existencia de dicho acuerdo y se reta al consejero a concretar públicamente sus términos y las partes que lo habrían suscrito. Aunque reconocen que se han producido acercamientos durante meses de negociación, recuerdan que siguen existiendo diferencias relevantes, especialmente después de que el propio consejero se negara a continuar negociando mientras no se aceptara la denominada “Cláusula Silva”.
La Junta subraya que alcanzar un acuerdo retributivo constituye un mandato parlamentario que el consejero viene desobedeciendo desde 2024 y recuerda que este acuerdo era una de las cinco condiciones planteadas por un partido de la oposición al Gobierno para la aprobación de los presupuestos. Por este motivo, exige a Silva que deje de utilizar al personal docente en sus negociaciones parlamentarias y que deje de pretender que la Junta de Personal Docente realice su trabajo político con el resto de fuerzas parlamentarias.
Asimismo, denuncian que el Gobierno haya condicionado un acuerdo retributivo a presupuestos futuros, una circunstancia que, según la Junta, no se ha producido nunca anteriormente. Critican que el Ejecutivo se haya negado a alcanzar el acuerdo que se le exigía para la aprobación de los presupuestos y que utilice esta situación para impedir cualquier avance, mientras el Gobierno central y el resto de consejerías autonómicas afrontan adecuaciones con presupuestos prorrogados.
La Junta de Personal Docente considera que el tiempo está demostrando que la “Cláusula Silva” no solo suponía un bloqueo hasta, al menos, el ecuador de la próxima legislatura, sino que forma parte de una estrategia de utilización del personal docente en la negociación presupuestaria. Por ello, responsabiliza a la presidenta Buruaga y a su consejero del récord de huelgas sufrido por el sistema educativo en el último año, así como de las movilizaciones docentes que continuarán produciéndose hasta que se retome la vía del respeto, el diálogo y la voluntad de acuerdo.