La gestora del 112 que recibió la llamada alertando del mal estado de la pasarela de El Bocal un día antes del accidente pasa de testigo a investigada

La jueza que instruye la causa de la pasarela costera de El Bocal de Santander, en la que a principios de mes fallecieron seis jóvenes y una más resultó herida grave, ha acordado que la situación procesal de la gestora del 112 que un día antes de la tragedia recibió la llamada de un vecino de Monte alertando del mal estado de la estructura y trasladó ese aviso a la Policía Local pase de ser testigo a investigada.

Así lo ha acordado la magistrada de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander este viernes tras la práctica de las primeras declaraciones, entre ellas a esta mujer, que trabaja para el Servicio de Emergencias de Cantabria y a la que había advertido de que asistiera a la citación judicial acompañada de abogado por si a lo largo de su declaración cambiaba su situación procesal, de testigo a investigada, como ha sucedido.

Pero el objetivo de esta decisión es garantizar a la gestora del 112 su derecho de defensa, lo que implica, entre otros aspectos, no declarar, no confesarse culpable y ser asistida por letrado, han explicado fuentes judiciales.

CUATRO INVESTIGADOS

Con este cambio de situación procesal, son ya cuatro las personas investigadas en esta causa iniciada a raíz del suceso que tuvo lugar el pasado 3 de marzo, ya que la empleada de Emergencias -que presta su labor a través de la empresa Osventos, concesionaria de este servicio del 112- se ha sumado a la condición que ya tenía desde los primeros momentos del procedimiento la agente de la Policía Local que recibió su llamada y no gestionó la incidencia y, con posterioridad, dos funcionarios de la Demarcación de Costas en Cantabria.

Y es que la instructora acordó también esta semana dirigir la acción penal contra el jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria, José Antonio Osorio, en calidad de director de Obras del proyecto de la senda costera de 2014, al que pertenece la pasarela siniestrada, y contra el jefe de Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación.

A juicio de la magistrada, es la administración central "la única responsable de garantizar la adecuada conservación y mantenimiento" de la infraestructura siniestrada, al tratarse de obras ejecutadas dentro de un proyecto no finalizado. Ve "serios indicios de la existencia de un posible actuar negligente en el mantenimiento de la pasarela" y declaró a la Demarcación de Costas posible responsable civil, condición que también ostenta el Ayuntamiento de Santander.

TRECE PARTES PERSONADAS

Ambas administraciones están personadas en la causa -la central a través de la Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO)-, al igual que el propio Osorio, el último en hacerlo, lo que ha elevado a trece el número total de partes en este procedimiento, en el que igualmente figura la policía investigada.

Están asimismo personadas, y además de la Fiscalía, la única superviviente del suceso y familiares de las seis víctimas mortales, una de las cuales tiene a dos representantes legales, lo que hace un global de ocho letrados por parte de los afectados: un grupo de siete estudiantes del CIFP La Granja de Heras (Medio Cudeyo) que hacía la ruta de la senda costera cuando al atravesar la pasarela de El Bocal se rompió, hundió y cayeron al mar.

PRIMERAS DECLARACIONES

Los letrados de las partes implicadas y personadas han asistido este viernes a las primeras ocho declaraciones acordadas por la jueza, que han durado más de tres horas y media, desde las nueve y media de la mañana hasta pasada la una de la tarde, en el salón de actos del complejo judicial Las Salesas de Santander, todas ellas a puerta cerrada y con un único receso de cinco minutos a media mañana.

Se han practicado en el marco de las diligencias abiertas por la tragedia y han comparecido los dos ciclistas que comunicaron el suceso del 3 de marzo; el vecino de Monte que el día anterior alertó del mal estado de la pasarela; la gestora del 112 que recibió esa llamada y la trasladó a la Policía Local; la agente del Cuerpo municipal a la que entró esta llamada y no gestionó la incidencia; dos efectivos de la Policía Científica que realizaron la inspección ocular de la infraestructura y una integrante de la Asamblea en Defensa de la Senda y Costa Norte, identificada después de que la jueza pidiera a la Policía Judicial recabar quejas sobre el puente.