Exigen el derribo de las naves y el cierre de una empresa maderera en Corvera de Toranzo en suelo protegido
Ecologistas en Acción ha solicitado al Ayuntamiento de Corvera de Toranzo que ordene la inmediata paralización de todos los usos y actividades que desarrolla una empresa maderera en parcelas del Plan Parcial municipal anulado, por estar según esta asociación en situación de “manifiesta ilegalidad” y para “poner fin al deterioro de los hábitats y especies” en la Red Natura.
La mercantil “tiene que derribar las instalaciones ilegales y proceder a restaurar el espacio natural”, ha afirmado Ecologistas en un comunicado, en el que da cuenta de sendos escritos remitidos al Ayuntamiento y al Gobierno de Cantabria para que se ejecute la sentencia que anuló la modificación puntual de las Normas Subsidiarias (NNSS) aprobada por el Pleno en marzo de 2017.
Dicha modificación obedeció a un acuerdo del Consistorio con la mercantil para ampliar el suelo destinado a usos industriales, tras la construcción de varias instalaciones en suelo rústico que forma parte del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Río Pas, un espacio protegido de la Red Natura.
Pero en octubre de 2022, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria dio la razón a los ecologistas y anuló el acuerdo plenario que permitió ampliar la empresa maderera, al considerar que se reclasificó suelo rústico en urbanizable de uso industrial en terrenos protegidos para legalizar la ampliación de las instalaciones.
Después, el Tribunal Supremo rechazó los recursos del Consistorio y la mercantil contra la sentencia del TSJC, que adquirió firmeza en enero de 2024. Así, en julio de ese año la Alcaldía dictó una resolución teniendo por anulada la modificación puntual de las NNSS y dejando sin efecto la clasificación del suelo afectado, que retornó a su situación previa.
Pese a lo anterior, la empresa “sigue funcionando con normalidad en todas las instalaciones declaradas ilegales”, según Ecologistas, que ha vuelto a urgir al Ayuntamiento a adoptar medidas para poner fin a la situación de “ilegalidad” y proceder a la paralización y derribo de las instalaciones, además de la restauración del espacio afectado y la defensa de la Red Natura.
Por último, la organización también ha pedido a la Consejería de Desarrollo Rural una inspección urgente en el lugar para iniciar el correspondiente procedimiento sancionador y adoptar medidas cautelares que paralicen la actividad y regeneren la zona.