Denuncian que Pascual somete a un “régimen de precariedad y abuso” a la función administrativa del Servicio Cántabro de Salud
La Agrupación de Trabajadores Independientes (ATI) ha denunciado que el consejero de Salud, César Pascual, “somete a un régimen de precariedad y abuso a la función administrativa” del Servicio Cántabro de Salud (SCS)”, ya que, según explica en un comunicado, se estaría imponiendo a estos trabajadores “la realización de funciones que exceden de su categoría”, sin que se les haya “reconocido ni retribuido”.
Según señala, esta “realidad lleva años produciéndose en las dependencias de hospitales y centros de salud” del SCS y, “lejos de solucionarse”, lo ocurrido “se está consolidando como un auténtico modelo estructural de gestión basado en la sobrecarga”, la desregulación funcional y la vulneración de derechos laborales”.
PERSONAL AUXILIAR CON FUNCIONES SUPERIORES
En concreto, y como detalla ATI, la función administrativa del SCS está “siendo sostenida” por los auxiliares administrativos, que estarían realizando, según la denuncian “funciones superiores de forma sistemática”. Funciones que “exceden claramente de su categoría profesional” y por las que no reciben ni reconocimiento ni retribución acorde, y que no se ajustaría a una situación puntual ni excepcional.
Por el contrario, el sindicato considera que “se trata de una práctica extendida en múltiples servicios”, en los que estos auxiliares administrativos realizan “tareas administrativas y de gestión de agendas complejas, tramitación de documentación clínica y administrativa, coordinación interdepartamental, atención especializada a usuarios, manejo de aplicaciones corporativas avanzadas”, entre otras.
PASCUAL SE ESTÁ BENEFICIANDO
La denuncia de ATI detalla también que para los auxiliares administrativos “no existe ni reclasificación ni diferencias retributivas por realizar funciones superiores”, así como tampoco cuentan con un “reconocimiento formal por ese desempeño superior”, por lo que “Pascual se está beneficiando de un trabajo cualificado sin otorgar el reconocimiento profesional y económico correspondiente”.
“Estamos ante un claro supuesto de desnaturalización de las categorías profesionales, donde el consejero se beneficia de una mano de obra cualificada a bajo coste, vulnerando principios básicos del ordenamiento jurídico, como son el derecho a la clasificación profesional adecuada y la prohibición del enriquecimiento injusto de la Administración”, considera el sindicato.
JURISPRUDENCIA EXISTENTE
A raíz de la denuncia, ATI también ha detallado que la “asignación continuada de funciones de superior categoría genera el derecho al reconocimiento de las mismas, tanto en efectos retributivos como profesionales”, tal y como recogen diferentes sentencias que han creado jurisprudencia al respeto.
Así, señala la sentencia 190/2024 de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 29 de enero de 2024, y la doctrina jurisprudencial consolidada del Tribunal Supremo (2026), confirmando que “el desempeño continuado de funciones superiores en el empleo público consolida el nivel y la carrera profesional, no limitándose al abono de diferencias salariales, sino que ese desempeño efectivo debe tener efectos retributivos y profesionales en la progresión del empleado público”.
Del mismo modo, añade que el Estatuto Básico del Empleado Público establece que “las funciones deben corresponderse con la categoría y grupo de clasificación”. Sin embargo, “Pascual, haciendo gala de su incoherente continuismo, hace caso omiso de las leyes y normaliza lo contrario a lo que estas establecen: trabajadores realizando funciones estructurales de categorías superiores durante años, sin que adopte medida alguna para regularizar la situación”, critica.
PIRÁMIDE INVERTIDA EN LA ADMINISTRACIÓN
ATI recuerda, en este sentido, que el pasado 14 de junio de 2024 presentó ante el subdirector de Recursos Humanos del SCS un total de 452 firmas del Grupo Auxiliar de la Función Administrativa, con la petición de que “se evaluaran las plazas de dicho colectivo perteneciente al grupo C2 y que, en consecuencia, se actuara para su conversión al C1”.
En dicha reunión, detalla, se habló de la existencia de una “pirámide invertida de la función administrativa”, en la que la base (los grupos auxiliares) soporta de lleno el “peso de las funciones estructurales del sistema”, lo que provoca que dicha pirámide esté “descompensada y precariza la gestión”.
“La base está masificada por auxiliares administrativos que realizan funciones que no les corresponden, mientras los niveles intermedios y superiores están infradotados, lo que provoca sobrecarga crónica del personal, falta de dirección técnica, ausencia de planificación estructural, bloqueo de la promoción profesional, desmotivación creciente del personal”, entre otros problemas.
PROBLEMA DE ORGANIZACIÓN PÚBLICA
Para el sindicato, “no se trata únicamente de una cuestión laboral; es un problema de organización pública, que afecta directamente a la calidad y eficiencia del servicio”. En este sentido, ATI subraya que la función administrativa “no es secundaria, es el eje que permite que la asistencia sanitaria funcione. Sin gestión no hay hospital y sin justicia organizativa no hay gestión eficaz”.
Por eso, ATI considera que la situación se corresponde con un “fraude organizativo de carácter estructural”, y exige “de manera inmediata” la evaluación real de los puestos de trabajo y de las funciones efectivamente desempeñadas; el reconocimiento profesional y retributivo del personal afectado; la adecuación de las plantillas a la realidad funcional del hospital; y el fin inmediato de la asignación irregular de funciones superiores.
DENUNCIA POR TODAS LAS VÍAS
Del mismo modo, la organización sindical ha adelantado que “iniciará un seguimiento activo de la situación” y “denunciará por todas las vías, legales y administrativas, cualquier incumplimiento o intento de perpetuar este modelo”.
“No vamos a permitir que la precariedad y el abuso se conviertan en la base del funcionamiento administrativo del SCS, dado que un hospital de referencia no puede sustentar su gestión administrativa sobre la sobrecualificación silenciosa y sin reconocimiento laboral y económico de la categoría inferior, mientras se reduce progresivamente la estructura técnica y de mando”, concluye.