Denuncian que el gerente de Valdecilla “empodera” a las tres condenadas por acoso laboral al reubicarlas juntas en el turno de tarde
El sindicato ATI (Agrupación de Trabajadores Independientes) ha denunciado este viernes lo que consideran un “empoderamiento” y unas “medidas preventivas inaceptables y totalmente escandalosas” en el caso de acoso laboral de tres trabajadoras del Servicio de Anatomía Patológica con respecto a las víctimas, a las que el gerente del Hospital Valdecilla, Félix Rubial, “perjudica”.
En un comunicado, ATI –que ya denunció la ausencia de un protocolo contra el acoso laboral en el SCS- ha subrayado que en este Servicio conviven actualmente “víctimas y verdugos” sin que la Administración haya hecho nada por evitarlo, a pesar de ser un acoso laboral “por más de 10 años” y existir una condena “a penas de cárcel". Según explica el sindicato, las medidas del gerente consisten en “cambiar a turno de tarde a las tres delincuentes, y a las víctimas y resto de trabajadoras obligarlas a trabajar de mañana, con la consiguiente pérdida retributiva y cambios en las condiciones de trabajo”.
VÍCTIMAS COMO MONEDA DE CAMBIO
A su juicio, esto no solo “empodera a las delincuentes”, sino que “vuelven a causar daño a las víctimas, a las que nuevamente victimizan y utilizan como moneda de cambio”, pues las trasladan y obligan “a que modifiquen sus condiciones de trabajo”. Todo ello “de manera unilateral”, afirma, por lo que consideran que Rubial ha actuado “con impunidad y alevosía” para “vulnerar la normativa laboral vigente y los principios de participación, consulta y negociación de los sindicatos frente a cualquier modificación de condiciones laborales”.
Respecto al empoderamiento de las condenadas, ATI subraya que el hecho de que hayan sido asignadas al turno de tarde, mientras que las víctimas están en el turno de mañana, conlleva “claros perjuicios” para estas últimas. En primer lugar, que dicho cambio de turno se ha realizado “en clara vulneración de los acuerdos y normas vigentes”, como el Acuerdo de 1992, que establece que el cambio de carteleras “debe hacerse con una antelación mínima de seis meses”.
PÉRDIDA DE DERECHOS Y RETRIBUCIONES
Por otro lado, el sindicato añade que “se ha suprimido el derecho a la rotación y a la elección de turno, adscribiendo forzosamente a las víctimas a un horario no elegido, lo que constituye una modificación sustancial de las condiciones de trabajo”, y que dicha medida “ha generado además pérdidas retributivas directas, al impedir la rotación y la percepción de los complementos salariales vinculados a otros turnos”, produciendo un “perjuicio económico injustificado” para las víctimas y “vulnerando el derecho a una remuneración suficiente y no discriminatoria”.
No solo eso, sino que considera que la decisión se ha adoptado “sin negociación ni participación de los sindicatos, y por tanto, en contra de los principios de información, consulta y buena fe negocial”, tomándose una “decisión totalmente descabellada unilateralmente”. ATI considera que esto supone “aplicar a la victimas un castigo laboral añadido” y “premiar a las tres agresoras al ponerlas en turno de tarde” en el que, además, antes solo había dos técnicos de laboratorio. Ahora, al ser tres, “la carga individual de trabajo es menor”.
RIESGOS
Más allá de todo esto, desde ATI también se alerta del “riesgo de que las tres delincuentes trabajen solas por la tarde, sin supervisión de ningún responsable”, es decir, permitiéndolas “actuar nuevamente en forma de manada coordinada y campando a sus anchas”, algo que podría suponer un “riesgo adicional” en su trabajo de muestreo, en el que podrían “cometer irregularidades”.
“Resultando especialmente grave también que, mientras en el ámbito penitenciario se aplica como criterio básico de seguridad la separación de personas con vínculos previos para evitar conductas coordinadas, influencia mutua, o riesgos para terceros, en este caso el gerente haya optado por agrupar a las tres amigas condenadas en un mismo turno y puesto de trabajo”, valora el sindicato, que considera que Rubial “deja mucho que desear” con una decisión que califica de “vergüenza” y que “contraviene toda lógica preventiva e incluso incumple el principio básico de protección efectiva y prevención de nuevos daños”, así como que “se pasa por el arco del triunfo lo que la magistrada manifiesta en el auto en cuanto a que expresa claramente su desconfianza en que las condenadas puedan respetar normas y abstenerse de repetir conductas delictivas”.
PATRÓN HISTÓRICO DE TOTAL PASIVIDAD
Ante todo esto, desde ATI se va a optar por una serie de medidas para tratar de que Valdecilla “garantice un entorno laboral seguro, justo y respetuoso para todo el personal” del SCS. En este sentido, denuncia un “claro patrón histórico de total pasividad” ante los casos de acoso, tanto el de Sierrallana, que “fue continuo y reiterado por 10 años”, como en el de la Urgencia de Valdecilla, “denunciado por 21 trabajadores desde hace un año y sin al día de hoy se hayan tomado medidas”. A ambos se suma el “acoso laboral sistemático” que sufre el Hospital Valdecilla, del que “tienen conocimiento los responsables, pero que se obvia, tanto desde la jefatura de Prevención de Riesgos Laborales –Marco Antonio Gandarillas-, como desde el gerente Rubial”.
Entre dichas medidas está “impugnar las medidas adoptadas unilateralmente por el gerente para alejar a las víctimas de sus agresoras”, dado que “tras tardar más de un año en tomar las medidas, lo ha hecho de manera disparatada, pues las mismas son perjudiciales para las víctimas en cuanto a que tienen un impacto económico y organizativo negativo para estas, y a la contra, beneficia claramente a las agresoras”.
ATI considera, en este sentido, que “ha tenido un año para buscar medidas, desde que se conociera la sentencia de cárcel para las agresoras, y no ha hecho nada para que cesara el sufrimiento de las víctimas, alguna en situación de baja y otras en tratamiento psicológico y farmacológico”. Y a su juicio, todo esto a pesar de contar con la instauración del Área Única de Salud, que permitiría “poder desplazarlas a cualquier hospital”.
El sindicato, además, continuará denunciando la falta de protocolo de acoso laboral, algo que incumple directamente la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que “obliga a evaluar riesgos psicosociales, prevenir el acoso laboral y proteger la salud física y mental de los trabajadores, además de ser una medida obligatoria para todas las empresas”. El no tenerlo, considera ATI, “comporta consecuencias legales económicas y jurídicas, graves o muy graves al incumplir la Ley 31/1995 de P.R.L., el Estatuto de los Trabajadores en su R.D. 2/2015, la Ley Orgánica de Igualdad 3/2007, la Ley LISOS, la Constitución Española en sus art. 10, 15 y 40.2 y Directivas Europeas sobre seguridad y salud en el trabajo”.