Colectivos sociales denuncian “graves irregularidades técnicas y de transparencia” en la Zona de Bajas Emisiones de Santander
Una decena de colectivos ciudadanos, entre ellos vecinos de Santander, ecologistas, ingenieros y organizaciones sociales y políticas, han presentado un "exhaustivo" documento de alegaciones al Proyecto de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) del Ayuntamiento que gobierna el PP, en el que se señalan "graves irregularidades técnicas, procedimentales y de transparencia" que, advierten, podrían "comprometer" tanto los objetivos ambientales como el acceso a fondos europeos Next Generation.
En un comunicado, explican que las alegaciones presentadas son "firmes y detalladas", como que la ZBE "no actúa donde más se necesita", es decir, las zonas "más contaminadas y congestionadas" por el tráfico, como las calles Castilla-Hermida, Plaza de Las Estaciones, Avenida de Valdecilla, Cuatro Caminos, Calle Alta o San Fernando.
EFECTO FRONTERA
En su lugar, critican, se limita "un pequeño perímetro" del centro urbano, lo que podría suponer que se genere "un efecto frontera", desplazando el tráfico y la contaminación a las zonas limítrofes y "agravando aún más el problema".
Además, los colectivos también acusan al Consistorio que dirige Gema Igual de "falta de transparencia" ante la "ausencia" de datos públicos referentes a la calidad del aire y ruido recogidos por los sensores instalados. En este apartado, incluyen igualmente la "inexistencia" de un análisis del tráfico real, por lo que el diagnóstico ambiental del proyecto es "en un simulacro maquillado de legalidad, pero carente de base científica".
ADJUDICACIÓN SIN PROYECTO APROBADO
Por otra parte, en las alegaciones subrayan que el Ayuntamiento ha iniciado la adjudicación del contrato de implantación de la ZBE a la empresa EYSA ,"sin que exista un proyecto aprobado ni una ordenanza publicada", lo que, a su juicio, "vulnera flagrantemente la Ley de Contratos del Sector Público, la Ley de Cambio Climático y el propio Real Decreto que regula las ZBE".
Asimismo, los colectivos también dicen que el proyecto se fundamenta en un Plan de Movilidad de 2010 "obsoleto" y una ordenanza de movilidad "aun inexistente", lo cual "deslegitima la actuación y pone en riesgo la legalidad de toda la implantación".
REVOCACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS
Y este "deficiente" diseño del proyecto, tanto desde el punto de vista técnico como científico y jurídico, podría "comprometer" la obtención o incluso "provocar" la revocación de los fondos europeos.
"La Unión Europea exige que las ZBE respondan a objetivos ambientales concretos y medibles. Sin embargo, el proyecto presentado por el Ayuntamiento no garantiza la reducción de emisiones, carece de indicadores verificables e incumple el principio de 'no causar daño significativo' (DNSH) de los fondos Next Generation", afirman los colectivos.
GLOBAL, REAL, LEGAL Y EFECTIVA
Por último, sentencian que Santander "necesita una zona de bajas emisiones global, real, legal y efectiva" y señalan que "no podemos permitir que se imponga un proyecto ficticio o fake ni que se desaproveche esta oportunidad para mejorar la calidad del aire, la movilidad, proteger la salud pública y la calidad de vida".
Y advierten que el mantenimiento de los fondos europeos "depende de que el Ayuntamiento rectifique a tiempo". Entre los colectivos se encuentran ARCA, la Asociación de Vecinos Pombo-Cañadío-Ensanche, Cantabria Con Bici, CGT, Ecologistas en Acción Cantabria, Higuera Ingeniería, Mesas de Movilidad, Podemos, UGT es Verde y Verdes Equo Cantabria.