ASCEL demanda al Gobierno cántabro por el lobo

La Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) ha presentado un recurso contencioso administrativo contra la resolución del Gobierno de Cantabria que autoriza la extracción de 41 lobos. Esta decisión se tomó tras la salida de la especie del LESPRE (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial). Así, la asociación considera que la resolución permite la eliminación de aproximadamente la mitad de la población de lobos de la comunidad autónoma.

AUTORIZACIÓN IMPUGNADA Y MEDIDAS CAUTELARES

El recurso incluye una solicitud de medidas cautelarísimas para suspender la ejecución de la resolución. ASCEL argumenta que la resolución contraviene la protección legal del lobo. La asociación considera que la decisión del gobierno regional contradice los principios de conservación de la biodiversidad.

Además del recurso contencioso administrativo, ASCEL ha solicitado la suspensión de las acciones de control letal de lobos. Se busca evitar pérdidas irreparables en la población mientras se tramita el proceso judicial. Esta solicitud de medidas cautelares pretende garantizar la protección de la especie durante el procedimiento legal.

Por su parte, ASCEL también planteará una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional sobre la Ley 1/2025, en lo que respecta a la protección del lobo. Se considera que la ley socava la protección de la biodiversidad. Esta acción legal busca que el Tribunal Constitucional revise la constitucionalidad de la Ley 1/2025 en relación con la protección del lobo ibérico.

LEY 1/2025

ASCEL critica la Ley 1/2025, de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario, argumentando que debilita la protección del lobo. Se equipara al lobo a un "desperdicio", devaluando su importancia ecológica. La asociación considera que esta ley representa un retroceso en la protección de la biodiversidad en España, retornando a prácticas consideradas obsoletas.