“Quienes alimentaron el conflicto en Cartes deberían asumir responsabilidades en lugar de reincidir en los mismos errores” con el centro de menores de Castro
Podemos Cantabria y Podemos Castro Urdiales han denunciado que la infancia migrante se utilice como "arma política" y ha apelado a la Delegación del Gobierno en Cantabria a que "tome cartas en el asunto" ante los "mensajes y actuaciones públicas o de grupos que están alentando el odio, el racismo y la estigmatización social".
"Señalar centros, promover alarmismo o legitimar discursos de rechazo social no solo es éticamente inaceptable, sino que puede tener consecuencias directas sobre la seguridad de menores que ya han vivido situaciones extremadamente duras antes de llegar aquí", han advertido este miércoles en una nota de prensa conjunta, tras las informaciones publicadas sobre la apertura de un nuevo centro de acogida para menores migrantes no acompañados en Castro Urdiales.
OBLIGACIÓN LEGAL Y MORAL
Han señalado que "la protección de la infancia es una obligación legal y moral de las administraciones públicas", por lo que ven "profundamente irresponsable que, una vez más, se pongan en circulación informaciones sobre la ubicación de recursos destinados a menores".
A su juicio, "lo ocurrido en Cartes hace apenas unas semanas debería haber servido de lección", ya que "la difusión interesada de datos sensibles y la agitación política generaron un clima de tensión social que puso en riesgo la convivencia y, sobre todo, la protección de los propios menores".
VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES
"Quienes alimentaron aquel conflicto deberían asumir responsabilidades en lugar de reincidir en los mismos errores. Consideramos que determinados discursos y comportamientos pueden vulnerar derechos fundamentales y generar riesgos reales para la convivencia y la seguridad de menores protegidos por la ley", han valorado.
Por ello, creen que las instituciones del Estado "no pueden permanecer impasibles" cuando se cruzan líneas que afectan a los derechos humanos, y apuestan por la adopción de medidas legales frente a conductas que inciten al odio o la discriminación para preservar el Estado de derecho y la protección de la infancia.
MIEDO Y DESINFORMACIÓN
"Estamos convencidas de que, cuando existen consecuencias jurídicas muchos discursos irresponsables dejan de producirse", han manifestado desde la formación morada, que han exigido a todas las administraciones públicas que actúen con responsabilidad y que garanticen el cumplimiento estricto de la normativa de protección de menores y de confidencialidad, la seguridad y el bienestar de los niños por encima de cualquier interés partidista, y una política de acogida basada en derechos humanos, recursos suficientes y convivencia social.
"No vamos a permitir que el miedo o la desinformación marquen la agenda política", han apuntado desde Podemos, que ha avanzado que "seguirá defendiendo una sociedad que cuide, proteja y respete los derechos de todas las personas, vengan de donde vengan".