Hay un dicho muy popular, ilustrado en numerosas historias con moraleja, que viene a decir que no se aprecian realmente las cosas que se tienen hasta que se pierden. Es entonces que sentimos un hueco, una ausencia donde antes no se sentía nada: tan acostumbrados estábamos que habíamos dejado de notar la presencia, y ahora notamos la ausencia.

Los servicios públicos y el llamado estado del bienestar de los que disfrutamos (aunque cada vez menos, por obra y gracia de las tijeras de Rajoy, dirigidas por la Troika) son el resultado de un proceso histórico de luchas por parte de la propia gente de este país, por medio de numerosas huelgas, protestas y revueltas: aunque se repite insistentemente que fue el PSOE el que trajo el estado del bienestar, o incluso aquella flagrante mentira de “Franco inventó la seguridad social”, la realidad es que fueron las luchas de la gente las que trajeron ese estado del bienestar. Todas las conquistas, todos los derechos, desde la jornada de ocho horas, las jubilaciones o las vacaciones hasta el sistema público de salud o educación, absolutamente todos, son obra de la propia gente, que decidió luchar por esos derechos y por ese estado del bienestar.

Sólo son más y más clavos en el ataúd que ellos mismos se fabricaron, un ataúd hecho de incoherencia, enorme, como la distancia que separa lo que dicen  de lo que hacen

Sin embargo, en las últimas décadas, tanto los servicios públicos como los derechos se han visto mermados, desmembrados o directamente privatizados. La lógica del mercado manda, y la idea de que toda empresa (incluyendo las empresas públicas) deben dar rendimientos económicos se ha infiltrado peligrosamente entre la clase política, no sólo en las fuerzas de la derecha (como era de esperar), si no también en algunos partidos nominalmente de izquierdas. Hemos llegado a un punto en el que el PSOE ha asumido completamente la lógica neoliberal, aplicándola incluso al sector público: privatización y externalización de servicios, que nos dejan un registro de 64 empresas públicas privatizadas durante los sucesivos gobiernos de Felipe González.

No es extraño, entonces, el posicionamiento del PSOE en determinadas cuestiones: sólo son más y más clavos en el ataúd que ellos mismos se fabricaron, un ataúd hecho de incoherencia, enorme, como la distancia que separa lo que dicen  de lo que hacen.

Aquí en Torrelavega podemos ver varios ejemplos de ello: en su año y medio de rodadura, el equipo de gobierno nos ha dado varias muestras de que su intención es seguir la línea general de privatizaciones y externalizaciones. ¿El sistema de cobro del ferial de ganados? ¡Privatizado! ¿La gestión de la ludoteca municipal? ¡Privada! Es llamativo, pero es sólo el final del sendero que conduce a la privatización. Muchos servicios llevan ya algún tiempo en manos privadas (limpieza de las dependencias municipales, basuras, asistencia a domicilio...), y otros van camino de ello, al no renovarse su plantilla y trabajar en condiciones cada vez más paupérrimas. Luego vendrán diciendo que hay que privatizar porque el servicio no es eficiente, pero es normal que un servicio no sea eficiente si no se renueva la plantilla, si no se invierte lo suficiente en mantener ese servicio en buenas condiciones.

 El servicio de informática y telecomunicaciones, que sólo cuenta con tres personas para llevar a cabo toda la labor del área (es decir, todos los equipos informáticos de la corporación municipal, entre otras cosas)

El más novedoso clavo que el equipo de gobierno ha clavado en su propio ataúd ha sido el voto en contra durante el último pleno a la moción presentada por los podemitas del Besaya: en ella pedimos que se declaren como servicios básicos esenciales todos aquellos servicios que debe prestar el ayuntamiento. Esto permitiría esquivar la “ley Montoro” y contratar a las personas necesarias para poder prestar servicios públicos y de calidad: la plantilla del ayuntamiento se encuentra en un estado precario, con unas ciento sesenta vacantes. Cada vez se ven más las interinidades, los nombramientos por resolución de alcaldía, la escasa reposición de vacantes y la nula voluntad política de cubrir las ofertas de empleo público (más de treinta ofertas de empleo público reservadas a promoción interna que siguen vacantes). Aquí un sangrante ejemplo:  el servicio de informática y telecomunicaciones, que sólo cuenta con tres personas para llevar a cabo toda la labor del área (es decir, todos los equipos informáticos de la corporación municipal, entre otras cosas).

No se trata de una ocurrencia: diversos ayuntamientos están utilizando esta forma de evitar la “ley Montoro”, desde ayuntamientos gobernados por Podemos (Cádiz), IU (Zamora) o incluso el PP (Los Llanos de Aridane). Ante esta propuesta, el equipo de gobierno mostró no sólo una cobardía infame, si no también su escasa voluntad política para tomar medidas de gran calado, medidas absolutamente necesarias para sacar a Torrelavega del terrible marasmo económico y laboral en el que se encuentra.

Ya no pueden decir que no sabían cómo hacerlo: es posible pasar por encima de la “ley Montoro” que tanto denosta el PSOE, pero que siempre cita como muralla infranqueable para aplicar políticas sociales. Hemos demostrado una vez más que aquella consigna de los movimientos sociales responde a una realidad tangible: “¡Sí se puede, pero no quieren!”