Podemos ha registrado este martes en el Parlamento cántabro una proposición de ley de UGAM-COAG –el sindicato ganadero mayoritario en la comunidad autónoma– por la que se establecen medidas adicionales de protección de la salud pública y del medio ambiente para la exploración, investigación o explotación de los hidrocarburos mediante la técnica del fracking. El texto ha sido redactado por Raúl Fernández, abogado y asesor legal de UGAM, y presentado este martes en rueda de prensa en el Parlamento por Josefina Acebo, colaboradora de UGAM y enlace entre el sindicato ganadero y Podemos, y la parlamentaria autonómica de la formación morada Verónica Ordóñez, cuyo grupo parlamentario se ha comprometido a impulsar la tramitación de esta ley.

"Se congelan los plazos para que Gas Natural Fenosa retome cuando quiera los trabajos de fracking"

Acebo, que ha agradecido el trabajo realizado por la Asamblea contra la fractura hidráulica en Cantabria, UGAM, Ecologistas en Acción y la sociedad civil organizada en general "que cada día lucha por defender Cantabria", ha señalado que "debemos llegar a la prohibición total de la técnica del fracking, que es el deseo de toda la población, sin embargo Cantabria no tiene competencias para poder tomar tal decisión, así que mientras tanto debemos tratar de minimizar los daños que esta técnica puede provocar en nuestra tierra". Acebo ha denunciado que "la amenaza del fracking sigue muy presente" en Cantabria, por lo que "no debemos bajar la guardia, debemos seguir vigilantes". "Los motivos para seguir luchando sobran", ha advertido. En este sentido, ha explicado que el pasado mes de abril se publicó en el BOE la suspensión del permiso Bezana-Bigüenzo, lo que significa que "se congelan los plazos para que la empresa Gas Natural Fenosa retome cuando quiera, sin plazos que cumplir, los trabajos de fracking".

Por su parte, Ordóñez ha explicado que el objetivo de la proposición de ley no es establecer una prohibición absoluta de la técnica de la fractura hidráulica en Cantabria, puesto que el Tribunal Constitucional ya ha dejado claro en varias sentencias que se trata de una competencia exclusiva del Estado. Sin embargo, sí permite a las comunidades autónomas establecer "niveles de protección más altos", que es lo que hace la proposición de ley de UGAM al fijar una serie de requisitos que resultan "procedentes dentro de nuestro marco competencial", derivados de las singularidades propias del territorio de Cantabria.

Se han delimitado algunas zonas de protección en las que no se podrá desarrollar la actividad

Así, además de establecer requisitos reforzados en cuanto a las evaluaciones de impacto ambiental, se exige también para la expedición de la autorización una evaluación de riesgos del emplazamiento potencial que deben basarse en las recomendaciones de la Comisión Europea; la presentación de planes de gestión de riesgos o la identificación exacta de las sustancias utilizadas en el proceso, prohibiendo el uso de sustancias clasificadas como de alto riesgo para la salud, o que puedan causar alteraciones endocrinas o que cumplan criterios para ser persistentes, bioacumulables y tóxicas. Además, se han delimitado algunas zonas de protección, con perímetros de hasta 1.000 metros, en las que no se podrá desarrollar la actividad, por ejemplo zonas sobre las que haya acuíferos o zonas residenciales.

De esta forma se pretende proteger el estado de las aguas de Cantabria ante los riesgos derivados de incidentes, accidentes o sabotajes que harían incompatible la correcta preservación ambiental de los recursos hídricos.