A medida que se va acercando la fecha de las elecciones autonómicas y municipales, los socios en muchos gobiernos de Cantabria, PRC y PSOE (entre ellos, el del Ejecutivo regional), están mostrando sus diferencias y ‘rompiendo’ la habitual sintonía a la hora de votar iniciativas tanto propias como de la oposición. El pasado lunes, era el PSOE el que no apoyaba la iniciativa regionalista para endurecer las penas a los okupas, y este jueves ha sido el turno de Torrelavega, donde ambos partidos han escenificado sus diferencias en temas tan importantes para la capital del Besaya como la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) -que limitará el acceso de los vehículos al centro de la ciudad- y el ya mencionado endurecimiento de penas a los okupas.

Una de las medidas que implica la ZBE es la prohibición de acceder al centro a los vehículos que no cuenten con etiqueta ambiental

Lo llamativo de lo ocurrido en Torrelavega es que los regionalistas, encabezados por Javier López Estrada, se han desmarcado de su socio de gobierno local para apoyar dos mociones presentadas por el PP, principal partido de la oposición y la tercera gran formación en Cantabria, con la que, por cierto, el PRC ya gobernó en coalición hace años.

En concreto, los regionalistas ha permitido la aprobación de las mociones del PP para solicitar al Estado una moratoria para implantar la ZBE y otra para endurecer las penas a los okupas, en las que los socialistas se han abstenido. La primera ha salido adelante con el apoyo de todos los demás partidos -PRC, PP, ACPT, Torrelavega Sí y Ciudadanos- , que consideran que las medidas de la ZBE, que buscan reducir la contaminación, tienen que ser fruto del consenso y la unanimidad y adaptarse a la realidad de la ciudad en lugar de venir dictadas desde el Gobierno central. Además, han defendido que deben garantizar un equilibrio con la actividad económica del municipio y que no pueden equiparar a Torrelavega con ciudades como Madrid o Barcelona.

Como ha sostenido el portavoz regionalista, Pedro Pérez Noriega, la ciudad "ha cumplido" en materia medioambiental y la ZBE debe ser "razonable" y definida "entre todos", para que no llegue "creando problemas" a los vecinos. Y es que, una de las medidas que implica es la prohibición de acceder al centro a los vehículos que no cuenten con etiqueta ambiental, que son en torno al 25% de los del municipio.

Precisamente, la 'popular' Marta Fernández-Teijeiro, que ha defendido la iniciativa porque creía que la ZBE se estaba preparando "a prisa" y sin debate, generando revuelo entre los torrelaveguenses, ha llevado al Pleno en forma de moción un escrito del propio PRC, que remitió a los grupos en aras de esa "unanimidad".

Éste recoge solicitudes como la moratoria para implantar la ZBE sumándose a la petición de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en nombre de los ayuntamientos o enmendar un artículo de la ley de cambio climático que indica que "cualquier medida que suponga una regresión de las zonas de bajas emisiones ya existentes deberá contar con el informe previo del órgano autonómico competente en materia de protección del medio ambiente", pues el Ayuntamiento defiende que las medidas medioambientales son competencia exclusivamente municipal. Además, la moción se ha aprobado incluyendo una enmienda conjunta de ACPT y Cs que añade la creación de una mesa de trabajo con los portavoces de los grupos políticos y con entes sociales para trabajar las medidas de la ZBE.

Los regionalistas "dudan" que eso se haga realidad porque "la postura de los socios del PSOE no van por esa vía"

El PSOE se ha abstenido argumentando el concejal de Medio Ambiente, José Luis Urraca, que la moratoria puede poner en riesgo la llegada de fondos europeos. Además, el edil ha señalado que las ZBE son "sinónimo de calidad y confort" porque implican menos ruido y contaminación y ha pedido "no confundir ni asustar a los ciudadanos" porque asegura que van a poder seguir accediendo a sus domicilios del centro en coche.

Por otra parte, la moción contra la okupación ilegal ha salido adelante con los votos de PRC, PP y Cs, mientras que los socialistas y Torrelavega Sí se han abstenido y ACPT ha votado en contra. En la iniciativa se recoge la voluntad del Ayuntamiento de endurecer las penas contra los okupas, mejorar la protección de los propietarios y las posibilidades de que recuperen sus viviendas o dotar a las comunidades de propietarios de competencias para actuar ante una vivienda okupada, entre otros puntos.

El portavoz del PSOE, José Manuel Cruz Viadero, ha reconocido que la okupación es "un problema grave" y ha asegurado que los socialistas "comprenden la preocupación e inseguridad" que genera, pero ha señalado que el Gobierno central ya "tiene la solución" y va a impulsar dos modificaciones legales que serán "suficiente" para que un juez pueda autorizar un desalojo en un plazo máximo de 48 horas. De este modo, ha defendido, "este problema va a quedar solucionado en gran medida".

Sin embargo, los regionalistas "dudan" que eso se haga realidad porque "la postura de los socios del PSOE no van por esa vía". De hecho, a juicio de Pérez Noriega, el auge de las okupaciones en algunos lugares de España se debe al "dejar hacer de Podemos y compañía". Para el PRC, "los derechos de los ciudadanos deben estar por encima de los de los okupas", que "en su mayoría son delincuentes" que lo hacen porque "prácticamente no está penado", y los jueces y la Policía se ven "atados de pies y manos" a la hora de desalojar.

En línea con esta opinión, desde Fernández-Teijeiro ha pedido separar a los okupas con las personas en situación de vulnerabilidad, pues a su juicio "no tiene nada que ver" y para estas últimas hay que buscar las "armas" contra la imposibilidad de acceder a una vivienda. La 'popular' ha hecho esta aclaración porque el concejal de ACPT, Ivan Martínez, el único que ha votado en contra de la moción, ha señalado que si no se facilita una vivienda diga a los ciudadanos acabarán viviendo "en la calle" o "en chabolas", y ha asegurado que conoce a okupas y son "gente humilde, sin recursos y que no dan problemas a los vecinos. "Prefiero que peguen la patada a la puerta que es de un banco que tener a esa gente viviendo debajo de un puente", ha dicho.

También Blanca Rosa Gómez Morante, de Torrelavega Sí, se ha abstenido señalando que no quiere "defender a los okupas" pero recriminando que no existan unos planes de vivienda que den respuesta a las necesidades sociales. Y el edil de Cs, Julio Ricciardiello, ha apoyado la iniciativa porque considera la okupación un problema "muy grave", pero ha echado en falta propuestas para desarrollar a nivel local y no solo "genéricas" que instan al Gobierno central.

AYUDAS

En la sesión plenaria también se han aprobado por unanimidad las ayudas sociales destinadas a sufragar gastos de suministro de energía e internet para unidades familiares en situación o riesgo de exclusión social, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021. El importe destinado a esta convocatoria es de 250.000 euros y las solicitudes se podrán presentar en el plazo máximo de un mes desde el día siguiente al que aparezca publicado en el Boletín Oficial de Cantabria el extracto de la convocatoria.

También se ha aprobado, con los votos a favor de todos los grupos salvo la abstención de ACPT, la ampliación de plazo de duración de la Sociedad mixta 'Gestión Medioambiental de Torrelavega S.A.' (Gesmator) hasta el 27 de marzo de 2022, tal y como había solicitado la empresa pública Mare.

En su escrito pide que, dado que la sociedad mixta municipal Gesmator vence el próximo día 27 de noviembre, y estando Mare en trámites de asumir la futura gestión directa de las instalaciones del vertedero de El Mazo, se proceda a prorrogar la vida de la citada sociedad mixta por un plazo de cuatro meses.

Por otro lado, el Pleno ha aprobado por unanimidad las tarifas para el año 2022 de los servicios de transporte urbano de viajeros con vehículos de turismo, que sitúan el servicio mínimo en 4,05 euros por el día y en 4,45 euros por la noche.