El Gobierno de Cantabria ha denegado la ampliación de plazo solicitado por la empresa Solvay para adecuar sus procesos productivos de cloro de la planta de Barreda a la normativa europea que prohíbe, a partir de diciembre de 2017, la utilización de la técnica de mercurio.

De este modo, la producción de cloro con esta técnica de la factoría del Besaya tendrá que concluir el 11 de diciembre de este año.

Así lo ha anunciado este martes el director general de Medio Ambiente,Miguel Ángel Palacios, quien ha subrayado que se trata de una decisión de carácter jurídico para no contravenir el Reglamento europeo, y que se adopta tras dos informes de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Cantabria en este sentido.

De hecho, ha subrayado que el Gobierno de Cantabria adopta esta decisión "claramente en contra de su voluntad" y únicamente porque es conforme a derecho.

Contra la misma cabe recurso ante la Administración y posterior en la vía del Contencioso-Administrativo.

Los informes jurídicos "desconocen" en qué se han basado las moratorias de producción en otros países aducidas por Solvay

La empresa conoce la decisión pero oficialmente se le notificará "hoy o mañana" y en el Gobierno no saben qué hará. "Lo están estudiando", ha dicho Palacio, quien ha insistido en que la denegación de la prórroga es "de las noticias que uno no quiere dar" porque "no es buena".

"Ojalá Solvay y la empresa portuguesa CUF tiren para adelante y sea una parada temporal", ha deseado el director general, que ha recordado que actualmente la planta ofrece "cien puestos de trabajo de los buenos".

En rueda de prensa, Palacio ha explicado que la moratoria de "entre un año y medio y dos años" solicitada por Solvay en 2016 para mantener la factoría de Barreda de producción de cloro abierta mientras sustituye la actual tecnología de mercurio por la de membrana, como establece la Unión Europea, ha sido objeto de dos informes favorables de la asesoría jurídica de la Consejería de Medio Ambiente y de dos informes en contra de la Dirección General del Servicio Jurídico del Gobierno, que "determinan con claridad que no cabe ampliar el plazo".

Además, los informes jurídicos "desconocen" en qué se han basado las moratorias de producción en otros países aducidas por Solvay, como en Suecia, no han podido comprobar los hechos y, en todo caso, son anteriores al Reglamento de la Comisión Europea, es decir, al ordenamiento jurídico actual, por lo que el expediente de Solvay "se ha dado por finalizado".

"El Gobierno de Cantabria entiende que el proyecto de Solvay genera beneficios económicos, sociales y ambientales en Torrelavega y Cantabriay tiene todo el interés en ampliar el plazo para que el proyecto se ejecute, pero respeta los informes de los Servicios Jurídicos porque para el Gobierno no hay nada por encima de la ley", ha remarcado Palacio, que ha basado en esta posición la negación de la ampliación de plazo solicitada.

Ahora, son Solvay y CUF quienes deben decidir si continúan o no con su proyecto puesto que se trata únicamente de una decisión empresarial, ha insistido el responsable de Medio Ambiente.

DIMISIÓN DE MARTÍN Y TEZANOS

Tras conocerse la decisión del Gobierno, la coordinadora de Izquierda Unida en Cantabria, Leticia Martínez, ha pedido la dimisión de los consejeros de Industria, Francisco Martín (PRC) y de Medio Ambiente, Eva Diaz Tezanos(PSOE) por su “lamentable actuación” en la “crisis de Solvay”.

“Hace meses que avisamos al Gobierno de su irresponsabilidad a la hora de abordar la situación de Solvay, con falsos visos de prórrogas que claramente eran ilegales”, asevera Leticia Martínez en un comunicado.

La coordinadora de la formación de izquierdas recordaba que hace ya siete años desde que se aprobara la Directiva europea para que la tecnología contaminante de Solvay (celdas de mercurio) fuera reemplazada por la de celdas de membrana.

Desde IU piden la dimisión de los consejeros de las áreas afectadas por su “inacción” ante lo que supone “un nuevo ataque a los trabajadores"

“Si bien PRC-PSOE están gobernando desde 2015 y es una patata caliente que se encontraron, han tenido casi dos años para buscar una salida óptima, más aun teniendo en cuenta la crisis laboral que afecta a la comarca del Besaya y, por ende, a toda Cantabria”, critica la líder de IU.

En consecuencia, desde IU piden la dimisión de los consejeros de las áreas afectadas (industria y medio ambiente) por su “inacción” ante lo que supone “un nuevo ataque a los trabajadores, que se sumergen en una incertidumbre dramática”.

También les reprochan la “confusión que ellos mismos han sembrado ante el incumplimiento de los plazos, dando por segura la prórroga, hablando de informes legales que ahora están bajo sospecha y desoyendo, nuevamente, las voces que desde la política, el mundo sindical o medioambiental les veníamos advirtiendo de que se estaban equivocando”.

Asimismo, Martínez también señalaba al grupo Solvay por su “dejadez” a la hora de abordar un mandato europeo que, de no cumplirse, supondrá el cierre de la fábrica.

“Esto es algo contrario a la lógica, pues el mismo grupo ha actualizado su tecnología en otros centros de trabajo en toda Europa y aquí se ha dejado caer”, aseveraba.