Cantabria se ha sumado al grupo de Comunidades Autónomas que han acordado, durante una reunión el pasado martes en Valladolid, solicitar al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte el mantenimiento de la actual Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) durante el curso académico 2016/2017.

Además, las autonomías en un escrito común instan al Gobierno de España a que garantice la viabilidad económica para la realización de la prueba de Evaluación Final de Bachillerato (EFB) "no solo en el presente curso académico sino también en el futuro", ha informado el Gobierno de Cantabria en nota de prensa.

Los directores generales de Universidades consideran que, ya que la implantación de la EFB se va a realizar avanzado el curso académico, "resulta preferible prorrogar el actual sistema de PAU", al menos para este curso.

Además, recuerdan que la prueba de acceso a la universidad que establece la LOMCE, durante este curso académico, "no tiene efectos académicos para obtener el título de Bachillerato", por lo que solicitan al Ministerio que busque una fórmula que posibilite la prórroga de la actual PAU.

Los responsables de Universidades autonómicos proponen que, en caso de que no se prorrogue la actual prueba de acceso, "la EFB se asemeje lo más posible a la PAU en cuanto a estructura y organización" y proponen al Ministerio que "avance en esta línea".

También, piden al Ministerio que "quede explícito que se trata de una prueba obligatoria exclusivamente para el acceso a la universidad" y que, por tanto, todo estudiante de Bachillerato que no quiera continuar sus estudios en la universidad "tiene la posibilidad de no presentarse".

Sobre la financiación necesaria para el desarrollo de la prueba, las Comunidades Autónomas instan al Gobierno de España a que "garantice la viabilidad económica no solo en el presente curso académico sino también en el futuro".

"Deseamos subrayar que con el nuevo Bachillerato, la prueba de acceso complica su logística y encarece su coste, que además recae exclusivamente sobre las Comunidades Autónomas, sin que el Ministerio haya previsto la debida financiación", aseguran en el documento, en el que además reconocen que "sin la garantía de este soporte financiero difícilmente las Comunidades Autónomas podrán hacer frente a la organización de la prueba".

Además, los directores de Universidades instan al Ministerio a que convoque a las CCAA para explicar el desarrollo y otros aspectos técnicos de la EFB, ya que éstas son "las responsables de implantarla y las encargadas de negociar con las universidades, las familias y la comunidad educativa, y las que deben afrontar las dificultades que se han expresado en este documento".