La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) ha anunciado su intención de cesar la colaboración con el Gobierno de Cantabria y los ayuntamientos afectados por sentencias de derribo, así como la posibilidad de tomar medidas legales. El motivo, como ha explicado en un comunicado, es el cansancio “por los incumplimientos, mentiras e incluso el propio desprecio a cientos de familias” por parte de estas instituciones.

Por eso, la Asociación “ha dicho hasta aquí hemos llegado y ya no podemos más”,  acordando varias acciones. La primera de ellas es poner un plazo para la aprobación de soluciones para los afectados por los derribos. En este sentido, apunta que “en caso de que en el mes de febrero no haya avances sustanciales” se cesará toda colaboración con las instituciones, “con una sola salvedad, la del Ayuntamiento de Arnuero, que tiene aprobado sus PGOU y el Plan Parcial para la construcción de las viviendas de sustitución”. La consecuencia más inmediata de esta decisión es que se anula la reunión prevista para este sábado, 29 de enero, con miembros de Gobierno y ayuntamientos ante la “falta total de avances que justifiquen la misma”.

Asimismo, AMA tomará medidas legales, “de información a la justicia sobre retrasos totalmente injustificados, que están costando muchos recursos de todos los ciudadanos de Cantabria, y cuyas actuaciones pueden tener fines espurios”. A juicio de la Asociación, “es deprimente y lamentable” comprobar cómo los informes sectoriales de los PGOU se retrasan “una y otra vez injustificadamente, cómo los equipos redactores no son capaces ni de seguir las recomendaciones de las autoridades pertinentes”. El resultado es que “pasan los años, las legislaturas y se hace caso omiso a los propios acuerdos y recomendaciones del Defensor del Pueblo, del Parlamento de Cantabria, de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo”, señala en el comunicado enviado a los medios.

AMA también informará al Parlamento de Cantabria, al Defensor del Pueblo, al Congreso, al Senado y a la Comisión de peticiones del Parlamento Europeo de los “graves incumplimientos de estas instituciones”. Junto a esto, las familias afectadas por los derribos “volverán a las movilizaciones, encierros y denuncias por actuaciones, posiblemente, ilícitas”, en las que pueden haber incurrido “quienes en lugar de dar soluciones a los ciudadanos les están ocasionando muchos y graves problemas”.

A juicio de la Asociación, los afectados ven que la “grave situación que les afecta” no solo no se acaba de reparar, sino que “sigue aumentando ese maltrato a cientos de familias, que han perdido muchos de sus miembros”. También avanza que en febrero se convocará una reunión de sus miembros para aprobar la movilizaciones y actuaciones necesarias de las “víctimas de esta situación tan injusta”.

AMA lleva más de dos décadas trabajando, colaborando y ayudando para acabar con “una de las mayores injusticias históricas de los últimos tiempos, que se han y están cometiendo en nuestra Comunidad”, recuerda la Asociación, cuyos miembros aseguran sentirse “totalmente defraudados por estas instituciones, con el presidente del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, a la cabeza por sus responsabilidades pasadas y presentes, y con un Gobierno y unos ayuntamientos que siguen vendiendo humo a los ciudadanos”.