El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha desestimado el recurso interpuesto por la empresa Urbaser contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Camargo del 10 de agosto de 2022, en el que se rechazó aprobar la propuesta de la alcaldía para adjudicar a esta compañía el contrato del servicio de recogida de residuos y limpieza viari del municipio.

La decisión del Pleno contó con los votos en contra de PP, Cs, y tres concejales de los cuatro del PRC, ya que Héctor Lavín se desmarcó del grupo regionalista y votó a favor junto al PSOE, motivo por el que fue expulsado del partido. El PRC, que forma equipo de Gobierno con el PSOE, alegaba "irregularidades", "falta de transparencia" e "intereses personales" en dicha propuesta.

Según consta en la resolución, datada el 3 de noviembre y consultada por Europa Press, a criterio del Tribunal es "irregularidad insubsanable" el que interviniera en las votaciones del órgano de contratación un trabajador en excedencia de la empresa recurrente".

La secretaria de Organización del PRC, Paula Fernández y la secretaria general del Comité Local de Camargo, Rosa Valdés, han dado a conocer este jueves en rueda de prensa la resolución del Tribunal, acompañadas por los tres concejales regionalistas del municipio, entre ellos el nuevo portavoz, Eugenio Gómez.

Los regionalistas han explicado que el Tribunal "evidencia los incumplimientos legales" cometidos por la Alcaldía en el procedimiento de contratación, considera "no ajustada" a derecho la contratación de la empresa externa Gaena para realizar la valoración de las ofertas; y determina que la mesa de contratación "no funcionó adecuadamente y ajustada a norma en diversas ocasiones".

Asimismo, han señalado que la consecuencia más importante de esta decisión es que no es posible retrotraer el expediente al momento anterior de las valoraciones de las ofertas presentadas, por lo que el Ayuntamiento tendrá que iniciar un nuevo procedimiento de contratación y partir desde cero para poder contratar de nuevo la prestación del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria.

Para Fernández la resolución "da la razón punto por punto" a los motivos "jurídicos" del PRC para rechazar dicha propuesta. Además, según Valdés, "no es cierto que el Tribunal haya cambiado de criterio", sino que "ha entrado al fondo del asunto", dado que cuando se pronunció por primera vez "se limitó a asumir el informe del Ayuntamiento".

En este sentido, ha recordado que el PRC de Camargo pidió la rectificación del acta del Pleno de junio porque "no recogía fielmente el contenido de la sesión y no se reflejaban los motivos dados por el PRC y el resto de grupos". A su juicio, cerca de 22 millones de euros de coste para las arcas municipales "no es una cuestión menor". "Ha quedado claro que la alcaldesa, máxima responsable de esta situación respecto del contrato actuó fuera de ley", ha afirmado Valdés, que ha avanzado que el Grupo Municipal exigirá a la Alcaldía llevar a Pleno el desistimiento de este contrato "irregular" e iniciar "de inmediato" un nuevo procedimiento para adjudicar el contrato "con rigor, transparencia y sujeción a la legalidad".

De esta forma, ha pedido la dimisión o el cese "inmediato" del concejal de Hacienda y miembro del equipo de Gobierno, Héctor Lavín, expulsado del PRC por la Comisión de Garantías del partido por incumplir la disciplina de voto.

SITUACIÓN DEL EQUIPO DE GOBIERNO

A preguntas de la prensa sobre la posibilidad de solicitar la dimisión de la alcaldesa, Esther Bolado (PSOE), Valdés ha señalado que "puede que el corazón nos lo pida, pero la cabeza, la lealtad y nuestros principios nos lo impiden en este momento". "Añadiendo inestabilidad al Ayuntamiento no ayudamos a que se consiga ese objetivo", ha dicho en relación a contar con el servicio de basuras.

Respecto al estado del pacto de Gobierno (PSOE-PRC), ha dicho que "probablemente nos tengamos que sentar a hablar", aunque ha señalado que la prioridad del partido en este momento es solicitar que se lleve de inmediato a Pleno el desestimiento del Tribunal y que se inicie de nuevo el procedimiento del contrato de la limpieza viaria y de residuos "adecuado" a las necesidades del municipio, pendiente desde 2014.

El Tribunal no aprecia la concurrencia de mala fe o temeridad en la interposición del recurso, por lo que entiende que no procede la imposición de una multa.

La resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la recepción de dicha notificación