La consejera de Presidencia, Paula Fernández, asumirá esta semana el departamento de Obras Públicas en funciones tras la marcha de su compañero regionalista José Luis Gochicoa por la supuesta trama de adjudicaciones irregulares en el Servicio de Carreteras Autonómicas.

Fernández ocupará por el momento este área dado que está designada como suplente de Gochicoa en el sistema de sustituciones del Gobierno. De hecho, la consejera ya le dio el relevo en 2020 cuando estuvo unos dos meses de baja tras sufrir una caída que le provocó una fractura craneal por la que estuvo hospitalizado.

La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior lo será ahora también de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, al menos hasta que el presidente, Miguel Ángel Revilla, nombre a otro responsable en el lugar de Gochicoa, lo que entra dentro de sus intenciones pese a que está cerca el fin de la legislatura, según avanzó la semana pasada cuando anunció la dimisión del consejero.

También el propio Gochicoa manifestó este lunes, en la última rueda de prensa que ofreció como consejero, que había hablado con Revilla de su sustitución, pero no apuntó a ningún candidato ya que "no ha querido influir" en la decisión.

Su dimisión se hará efectiva mediante un decreto del presidente que se firmará y publicará este viernes. Previamente, el Consejo de Gobierno aprobará en su reunión de mañana jueves el cese del que era el número 2 de Gochicoa en la Consejería, el director general de Obras Públicas, Manuel del Jesús.

Tras estas dos dimisiones, anunciadas el pasado viernes por Revilla, queda pendiente el cese también del subdirector general de Carreteras, Sebastián Martín, al que Gochicoa destituyó ayer, todavía en su condición de consejero, tras conocer que aparece en el sumario que instruye el Juzgado número 5 de Santander sobre las presuntas irregularidades en las adjudicaciones de contratos. Al parecer, Martín tenía agendada una comida en el restaurante tres estrellas Michelín El Celler de Can Roca junto al jefe del Servicio de Carreteras que se considera el presunto cabecilla de la red, la mujer de este y dos responsables de la empresa Rucecan, una de las implicadas, que no se llegó a celebrar porque cuatro días antes el juzgado destapó la trama.