Todos los grupos del Parlamento de Cantabria (PRC, PP, PSOE, Cs y Vox) han pactado este lunes en el Pleno una "postura común" sobre lo que debe ser el nuevo sistema de financiación autonómica para reclamar juntos ante el Gobierno de España que en el nuevo modelo que se va a negociar se prime el coste de los servicios y se mantenga el actual 'status quo'.

De esta manera, ha habido unanimidad en la Cámara regional para sacar adelante la proposición no de ley planteada por regionalistas y socialistas con este objetivo. Y es que tanto por parte de los grupos que sustentan al Gobierno (PRC y PSOE) como los de la oposición hay coincidencia en que en la negociación del nuevo sistema de financiación, Cantabria "se juega todo", incluida su "supervivencia".

Por ello, han entendido que en este tema Cantabria debe defender una postura común y un modelo en el que se prime el coste efectivo y el coste fijo de los servicios y se parta del "status quo" preexistente del actual sistema para que ningún territorio pueda estar peor financiado que en la actualidad, tal y como se plantea en la proposición no de ley aprobada.

Todos han estado de acuerdo en que prestar los servicios públicos en Cantabria es, por cuestiones de orografía, dispersión y envejecimiento de su población, es más caro que en otros puntos de España, por lo que en el reparto entre comunidades debe primar el coste fijo y efectivo de los servicios. Además, han coincidido en que la negociación debe partir de mantener el "status quo" prexistente del actual modelo y también se pide al Gobierno que cualquier negociación sobre el nuevo modelo de financiación se realice "de forma multilateral" en el seno de las comisiones e instituciones previstas para ello "y nunca de forma bilateral, para evitar vulnerar con ello, el principio de igualdad territorial".

Tras el acuerdo alcanzado este lunes en la Cámara, esta es la postura que defenderá Cantabria en todos los foros y reuniones sobre financiación, la más próxima en la cumbre de presidentes del día 23 de noviembre en Santiago de Compostela convocada por su homólogo gallego, Alberto Núñez Feijóo, y a la que están llamadas comunidades con intereses comunes en la materia. Así, están convocadas, además de Galicia y Cantabria, Asturias, La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura, comunidades que suponen más del 55% del territorio español, aunque aglutinan a menos del 20% de población.

Pese al acuerdo, el debate no ha estado exento de algunos reproches y críticas, entre ellos los de varios grupos de la oposición al PSOE por reclamar en la iniciativa aprobada que no haya bilateralidad en la negociación cuando -han dicho- el Gobierno que lidera Pedro Sánchez llega a acuerdos de este tipo con algunas comunidades autónomas, algo que, sobre todo, le han achacado el PP y Vox.

En este sentido, al PP "le preocupa" que quien vaya a liderar la negociación sea el Gobierno de España de Pedro Sánchez, un Ejecutivo al que, según los populares, "no le importa hipotecar el futuro de su país con tal de seguir gobernando" y que "ya ha negociado bilateralmente con Cataluña cosas que afectan a todas las comunidades autónomas" y "al que no le importa ceder en lo que haga falta para continuar gobernando". Ha advertido que el Gobierno de Sánchez tiene unos socios "que le chantajean y que consiguen absolutamente todo lo que se proponen". "Lamentablemente esos socios de Gobierno tienen otros intereses distintos a los nuestros, un modelo de financiación basado en la población, que sería letal para nosotros", ha alertado.

“HACER LA CIGARRA”

Además, al PP también le preocupa que el Gobierno de Cantabria se haya dedicado, en su opinión, a "hacer la cigarra" en lo que a financiación autonómica se refiere. "Durante estos años, la mayoría de comunidades autónomas, sobre todo aquellas que durante este tiempo han estado más perjudicadas en el actual sistema, se han ido rearmando, se han ido preocupando y ocupando como la hormiga de la fábula, de buscar argumentos, de elaborar informes, estudios y todo lo necesario para que cuando llegue el momento de negociar tener las armas suficientes para ganar en esa batalla. Y sin embargo en Cantabria nos hemos comportado durante todo este tiempo como la cigarra, sin hacer absolutamente nada y cuando llegue la negociación estaremos en inferioridad de condiciones respecto de otras comunidades", ha lamentado González Revuelta.

Para la popular, "la parte positiva" es que hay comunidades, como Galicia, "que sí han hecho el trabajo y que van a defender afortunadamente" lo mismo que Cantabria. "Defendiendo lo suyo, defenderán lo nuestro. Y eso es lo triste, que los cántabros, para defender un sistema de financiación justo, pues tienen más esperanzas y más confianza depositadas en Alberto Núñez Feijóo que en Miguel Ángel Revilla", ha aseverado.

Estas afirmaciones han sido respondidas y contradichas por el portavoz regionalista, Pedro Hernando, que le ha replicado que "si los cántabros tienen alguna seguridad de que se va a avanzar en el sistema de financiación es porque el presidente Revilla y el PRC va a estar ahí" y no por Núñez Feijóo, quien -ha dicho- "no tiene ninguna garantía" de que, dentro de su propio partido, su criterio vaya a prevalecer sobre el de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid; el de Fernando López Miras (Murcia) o de Juanma Moreno (Andalucía).

Pese a todo, Hernando ha agradecido el apoyo de todos los grupos de la Cámara a la iniciativa, incluido el PP, una unanimidad que, según ha dicho, "le da tranquilidad". "Si mi tranquilidad fuera lo que por Cantabria vaya a hacer Núñez Feijóo, preocupado estaría. Ahora, no se preocupe, los regionalistas vamos a seguir ahí", ha replicado Hernando a González Revuelta.

Por su parte, Cs ha advertido a PP, PSOE y PRC que "no se puede defender" en Cantabria un sistema de financiación autonómica igualitario, equitativo, corresponsable y solidario al tiempo que en el Congreso de los Diputados apoyan el actual cálculo del cupo vasco que permite que Euskadi, pese a ser de las comunidad "más ricas de España" y que "debería aportar dinero a la caja común para redistribuirlo", no es que no aporte sino que recibe transferencias del resto de España y todo ello para "pastelear con esos votos y hacerse fuerte en Moncloa".