Van a ser días muy intensos políticamente hablando hasta el próximo 22 de mayo, fecha en la que se formará el nuevo Parlamento de Cantabria, que deberá elegir a la que será la nueva presidenta del Gobierno autonómico, María José Sáenz de Buruaga. La lideresa del PP cántabro tiene varias alternativas sobre la mesa, pero su intención, o al menos la que ha expresado públicamente, es gobernar en solitario y en minoría con 15 diputados, lo que exige que tendrá que llegar a acuerdos puntuales con otros partidos, fundamentalmente con PRC y Vox.

Los regionalistas ya han avanzado, por boca de su secretario general, Miguel Ángel Revilla, que no van a obstaculizar que el PP gobierne en solitario para que Vox no entre en el Ejecutivo autonómico. Algo que, presumiblemente, se confirmará y se detallará este jueves tras el Comité Ejecutivo que tendrá lugar en la sede regionalista. Pero a partir de esto, se abren las puertas a lo que ocurrirá con el nuevo gobierno ‘popular’. Si se tiene en cuenta lo anunciado estos días por Buruaga y lo que contempla en su programa electoral, en buena medida se van a modificar iniciativas, leyes y proyectos impulsados por el PRC durante su etapa de Gobierno.

Entre ellas, la derogación, por ejemplo, de la Ley de Vivienda impulsada por el PRC. La presidenta del PP cántabro ha anunciado en varias ocasiones que va a paralizar la normativa, que actualmente está en tramitación en el Parlamento. En caso de que regionalistas y socialistas se opongan a esto, el PP siempre podrá contar con el apoyo de Vox y aceptar, si lo considera adecuado, las condiciones que la formación de ultraderecha pueda exigir.

En todo caso, estos pactos de gobierno pasan por tres grandes objetivos que Buruaga ya declaró como irrenunciables en la misma noche electoral del 28M. Lo primero, bajar los impuestos; lo segundo, que los partidos que la apoyen deberán asumir las medidas del PP para “hacer que la economía funcione”; y por último, mejorar la atención sanitaria.

Un punto este último con el que la futura presidenta de Cantabria enlaza con su anterior etapa en el Ejecutivo cántabro, cuando fue consejera de Sanidad y, en efecto, logró terminar las obras del nuevo Hospital Valdecilla, como ella ha proclamado con orgullo durante la campaña electoral. Unas obras que el Gobierno de España, con Mariano Rajoy a la cabeza, se comprometió a pagar a costa de que Cantabria pusiera por delante los 100 millones de euros de coste. Dicha deuda ha terminado siendo abonada por el PSOE. Con Buruaga al frente de Sanidad, Valdecilla se semiprivatizó al dejar en manos de Ferrovial servicios no sanitarios.

Una vez tome posesión y conforme su nuevo Ejecutivo, Buruaga llevará a cabo varias iniciativas si tenemos en cuenta los anuncios y las promesas electorales. Una de las primeras es pactar con los profesionales sanitarios en los primeros 100 días de gobierno.

También pretende reducir los tiempos de espera y adecuarlos a la Ley de Garantías, que establece estos tiempos en 30 días para una prueba diagnóstica, 60 para la consulta con un especialista, y 180 para una operación, teniendo como objetivo final bajar a la mitad el número de personas en lista de espera.

A esto se une el ya conocido anuncio de un hospital en Castro Urdiales, a pocos kilómetros del Hospital de Laredo, una reforma de la Atención Primaria y un plan de ordenación de los recursos humanos.

AUDITORÍAS EN EMPRESAS PÚBLICAS

También es conocido el anuncio de Buruaga de auditar el funcionamiento de las empresas y organismos públicos, comenzando por el Servicio Cántabro de Salud y la Consejería de Obras Públicas. La ‘popular’ ya ha anunciado que la nueva etapa en el Ejecutivo no puede comenzar “echando tierra sobre el mayor escándalo de corrupción que se ha producido en esta comunidad”, en referencia a lo ocurrido con el funcionario de Obras Públicas y los supuestos amaños en contratos de carreteras. En este caso, dicha auditoría abarcaría los últimos 20 años, periodo en el que se incluye también la etapa del PP.

El otro gran asunto es la reducción de gasto y la bajada de impuestos. Según lo anunciado en campaña, los ‘populares’ reorganizarán la estructura y funcionamiento de las empresas públicas para mejorar resultados en la administración pública, además de simplificar trámites para las empresas a través de una nueva ley.

Entre las propuestas fiscales destacan deflactar los tipos impositivos del IRPF para bases inferiores a 60.000 euros, fomentar la natalidad con una deducción autonómica de 1.400 euros sobre la cuota íntegra del IRPF por nacimiento o adopción, ayudas a los jóvenes para la compra de la primera vivienda deduciendo el IRPF del 15% y un tipo reducido del Impuesto de Transmisiones del 3% para los menores de 36 años.