UGT ha denunciado hoy martes el creciente número de incidentes violentos de ciudadanos contra empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) y del personal de seguridad de sus centros en Cantabria, en su mayor parte originados por problemas del sistema de cita previa para determinadas prestaciones.

Según ha precisado en un comunicado la secretaria general de la sección sindical de UGT en la AGE de Cantabria, Carmen Ruiz, estas situaciones violentas se relacionan con las dificultades para concertar una cita previa, "de las que no son responsables en absoluto ni los empleados públicos ni el personal de seguridad, pese a que son los destinatarios del enfado descontrolado de algunos ciudadanos".

Ruiz ha recordado que el sistema de cita previa está diseñado para facilitar la prestación de servicios al ciudadano, aunque es la Administración General del Estado quien tiene la obligación de que se desarrolle con normalidad, rapidez y eficacia "para no poner al pie de los caballos a los empleados públicos y al personal de seguridad".

"El problema se origina cuando los ciudadanos acuden a las oficinas y se encuentran que tienen que llamar por teléfono para pedir cita previa pero en muchos casos la falta de personal provoca que sea una máquina quien les responda y les indique que vuelvan a llamar; ahí empieza su enfado que luego pagamos los que no somos culpables de ello", ha explicado Ruiz. Además, ha continuado, en la otra vía de cita previa, a través de Internet, surge el problema añadido de la brecha digital y la imposibilidad que tienen muchos ciudadanos para acceder a ella.

La sindicalista ha reiterado a la AGE "su obligación de velar por el buen funcionamiento del sistema de citas previas y la seguridad de su personal" y ha subrayado que "los usuarios tienen que entender que los culpables no somos ni los empleados públicos ni los compañeros de seguridad porque solo somos la cara visible de la Administración". Según Ruiz, de proseguir esta tendencia creciente de incidentes violentos contra empleados públicos o trabajadores de contratas de seguridad de la AGE, "se tendrán que tomar las medidas preventivas que sean oportunas antes de que se tengan que lamentar daños mayores".