JUSTICIA

El TSJC abordará un plan de contingencia para recuperar "el tiempo perdido" por la huelga de letrados

Audiencia Provincial de Cantabria
Audiencia Provincial de Cantabria

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) abordará el próximo lunes, 27 de febrero, el desarrollo de un plan de contingencia para "recuperar el tiempo perdido" por la huelga de letrados de la Administración de Justicia que se inició hace un mes a nivel nacional, y que ha provocado en la región la suspensión de cerca de mil actos judiciales.

Así lo ha avanzado este jueves el presidente del TSJC, José Luis López Del Moral, quien ha asegurado que en la Sala de Gobierno se llevarán a cabo distintas propuestas para intentar "ponerse al día" tras esta parálisis provocada por la huelga, algo que será "muy complejo".

En respuesta a preguntas de la prensa sobre si un aumento de personal sería posible, López del Moral ha destacado que sería "ideal", pero que supondría también "una repercusión económica" y eso "no siempre es posible".

"Estamos acostumbrados a trabajar en un entorno de recursos escasos, por lo que procuraremos actualizar los procedimientos con los menores recursos posibles", ha incidido el presidente del TSJC, quien también ha sido preguntado por la posibilidad de ampliar los horarios de trabajo de los funcionarios y letrados de la Administración de Justicia. "Eso es difícil de adelantar", ha dicho, porque depende no solo del Poder Judicial "sino también de la comunidad autónoma", que tendría que ampliar también las retribuciones económicas de los trabajadores. "A ese nivel, nosotros solo podríamos hacer propuestas pero no tomar decisiones", ha añadido López Del Moral.

JORNADAS ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y COMUNIDAD TRASPLANTE

El presidente del TSJC ha hecho estas declaraciones tras la rueda de prensa de presentación de la 25 edición de las Jornadas de Encuentro entre la Administración de Justicia y la Comunidad Trasplantadora, donde ha estado acompañado por la directora de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Beatriz Domínguez-Gil; y por el coordinador autonómico de trasplantes, Eduardo Miñambres.

Estas jornadas, que se inauguraron ayer, miércoles, y que se celebrarán hasta mañana, viernes, en el Hotel Santemar de Santander, han contribuido a la formación en el proceso de donación y trasplantes de 400 jueces, 300 forenses y 350 coordinadores de trasplantes.

Entre los temas que se están tratando en esta jornada destacan, según ha informado Domínguez-Gil, la donación de órganos de personas fallecidas y de personas vivas o incluso las prácticas ilícitas en este ámbito.

Sobre este último tema, conocida comúnmente como tráfico de órganos, ha subrayado que "afortunadamente", España está "muy blindada" ante este tipo de prácticas, por la "robustez" de los protocolos y por la "enorme accesibilidad" de los pacientes a los trasplantes. Pese a ello, la directora de la ONT considera "importante" que coordinadores de trasplantes, jueces y forenses sean conocedores de estas prácticas y de cómo combatirlas.

Respecto a la "buena colaboración" entre la Administración de Justicia y la Comunidad de Trasplantes, Domínguez-Gil ha destacado las 2.196 personas que en 2022, en España, donaron un órgano tras fallecer, de las cuales el 16% (353) requirieron la autorización judicial para llevar a cabo el trasplante sin ningún tipo de interferencia con la investigación judicial correspondiente.

"Es un porcentaje muy inferior al histórico", ha remarcado, detallando que en 2010 hubo un 25% y en el año 2000, un 34%. "Esto tiene que ver con el cambio en el perfil de los donantes y en las causas de su fallecimiento, ya que a principios de siglo era más frecuente que un potencial donante falleciera por un traumatismo craneoencefálico en un accidente de tráfico", ha explicado.

Sobre esta buena colaboración entre ambas instituciones también ha destacado que las negativas judiciales suelen estar "por debajo del 5%".

Además, el año pasado en España fueron 355 las personas que donaron un órgano en vida, 350 donantes de riñón y 5 de parte de su hígado.

"Con todos estos números queda patente la importancia de los profesionales de la Administración de Justicia para el desarrollo de una actividad que salva la vida de miles de pacientes cada año, y el año pasado fueron casi 5.400 las personas que se beneficiaron del trasplante en España", ha concluido.

Por su parte, Eduardo Miñambres ha agradecido el "apoyo incondicional" a estas jornadas cada año, y ha recordado que Cantabria volvió a ser en 2022 la comunidad autónoma con mayor tasa de donantes, un 82,8 por millón de población (pmp), muy por encima de la tasa nacional situada en 46,3 pmp.

"Desde 2015, Cantabria es la comunidad con mayor tasa de donación y para nosotros es un motivo de orgullo y para seguir trabajando siendo un hospital referente para comunidades vecinas", ha finalizado.