El juicio previsto para este martes al acusado de cuatro delitos contra la libertad sexual -uno de agresión y tres de abuso-, sobre una joven de 19 años y varias menores de 16, se ha suspendido por la huelga de letrados de Justicia de Cantabria iniciada hace casi un mes.

La Fiscalía solicita una pena de dos años de prisión por cada uno de los cuatro delitos, con aplicación del artículo de Código Penal que establece el cumplimiento máximo en seis años -el triple del delito más grave-.

Los hechos que se iban a enjuiciar a partir de las 10.00 horas se remontan a enero de 2022, cuando el acusado habría aprovechado que una joven buscaba algo por el suelo en las cercanías de la estación de Feve de Bezana para agarrarla por el brazo y desplazarla contra una pared de un taller abandonado donde "le bajó los pantalones para efectuarle tocamientos en sus partes genitales".

Días después, cuando una pandilla de adolescentes se encontraba en una plaza de la misma localidad, se acercó a ellos y tras entablar conversación con alguno de los integrantes del grupo se dirigió a una menor, a la que "dio un beso en la frente contra su voluntad". Acto seguido repitió la conducta con otra menor, a la que "besó en la mejilla, a pesar de la insistencia de ella de que la dejara en paz".

Meses después, cuando una menor se encontraba en un parque de la misma población, se aproximó a ella y la intentó besar en la boca, sin conseguirlo, "rozando con sus labios la frente de la chica, que en todo momento manifestó su oposición".

El acusado presentaba en todas las acciones "un notorio estado de embriaguez, padeciendo una adicción a sustancias alcohólicas y tóxicas, así como un trastorno adaptativo ansioso-depresivo", recoge el escrito.

La Fiscalía califica los hechos como un delito de agresión y tres de abuso sexual, con la concurrencia de las circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de trastorno mental, adicción alcohólica y reparación del daño.

Además de la pena de prisión, solicita que el hombre sea condenado a una medida de libertad vigilada de cinco años, con prohibición de residir en la población de Bezana y acercarse y comunicar con las víctimas, así como que sea inhabilitado para el desempeño de profesión u oficio que conlleve contacto directo con menores durante 12 años. También reclama en su escrito que el acusado se someta a tratamiento médico ambulatorio para el control de sus adicciones y que realice un curso de reeducación sexual.

En concepto de responsabilidad civil, solicita una indemnización de 1.000 euros a la joven de 19 años y 150 euros a cada una de las menores a las que besó o trató de besar, por los daños morales causados.

Por su parte, la acusación particular, que ejerce la víctima del delito de agresión sexual, pide una condena por ese delito de tres años de prisión y 1.200 euros de indemnización. Con carácter previo a la celebración del juicio, el acusado ha consignado ciertas cantidades en concepto de pago parcial de indemnizaciones a las víctimas.

La huelga está convocada a nivel nacional por el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y la Asociación Independiente de Letrados (AinLAJ) en demanda de una mejora salarial equivalente al aumento de la carga de trabajo que sufrieron hace años sin que entonces se les compensara.