TRIBUNALES

Santillana rebaja la pena a los acusados de quedarse dinero del parking, que lo niegan

Ayuntamiento de Santillana del Mar
Ayuntamiento de Santillana del Mar

El Ayuntamiento de Santillana del Mar ha rebajado a nueve meses de prisión y otros tantos de inhabilitación la pena solicitada a los dos empleados acusados de cobrar y quedarse dinero del aparcamiento municipal en verano de 2016, que lo niegan. Y es que esta parte, que ejerce la acusación particular en el juicio, se ha adherido a las conclusiones modificadas por la fiscal, que entiende que los hechos denunciados han "quedado sobradamente acreditados" y mantiene su petición de condena a ambos (los otros cuatro aceptaron lo ocurrido y se conformaron con hasta seis meses de cárcel).

El Consistorio -que descubrió el desfalco y ejerce la acusación particular en la vista, que se celebra esta semana con jurado popular en la Audiencia Provincial de Cantabria-, solicitaba inicialmente para cada uno de ellos 18 meses de cárcel y cinco años de inhabilitación por seis presuntos delitos continuados de malversación de caudales públicos, al apropiarse de 140 talonarios para el cobro de la tasa de estacionamiento y quedarse 28.000 euros.

Por su parte, las defensas de los dos operarios disconformes con la imputación también han ratificado sus conclusiones provisionales, insistiendo en la libre absolución de sus patrocinados al entender que uno de ellos -actual presidente del comité de empresa- sustrajo talonarios, "pero no los cogió para quedarse con el dinero", mientras que del otro no hay "nada", pues no ha reconocido lo ocurrido ni ha devuelto cantidad alguna. "No hay pruebas de ningún tipo" y "ni siquiera hay indicios", ha sentenciado el abogado de este último ante los miembros del tribunal, presididos por el presidente de la Sección Tercera de la AP, y a los que se ha quejado de que su cliente "se encuentra aquí (en un juicio) y no sabemos todavía por qué". "Me resulta difícil defenderle: no sé de qué se le acusa", ha abundado. "Igual se han pasado de frenada acusando a la gente", ha reflexionado el otro letrado disconforme con la acusación, que ha remarcado que "la gran diferencia" entre su defendido y los que pactaron las penas con el ministerio público y la administración local es que los talonarios "no los cogió para quedarse dinero". Y "es fontanero, no recaudador de impuestos", ha remarcado.

Ambos abogados han insistido en que si sus patrocinados tuvieron que "palmar dinero" junto con los otros encausados -uno devolvió talonarios y lo recaudado, y los dos participaron en la aportación "a escote" de 8.000 euros de tickets que no aparecieron- fue para no perder su puesto de trabajo. "Si no palmo, lo mismo me echan a la calle", ha expresado uno de los defensores, que han incidido en cualquier caso en que los operarios a los que representan dejaron constancia en el momento del pago de que estaban "no conformes" con el mismo.

"SOY INOCENTE"

Los dos han ejercido su derecho a la última palabra. El que cogió los talones sin que le fueran entregados por el personal municipal encargado de ello ha admitido que no debió hacerlo, pero ha justificado que obró así para no perder tiempo esperando a que se los dieran las funcionarias. Y sobre el hecho de que participara en el abono de los citados 8.000 euros, ha indicado que lo hizo porque así se lo dijeron autoridades del Consistorio, para que supuestamente no hubiera consecuencias mayores -responsabilidades penales- y conservara también el puesto de trabajo. Pero "aquí estoy hoy: pagué los 1.300 euros y tengo enfrente al Ayuntamiento en el que trabajo y a punto de perder mi puesto de trabajo", ha lamentado, antes de manifestar que lleva "seis años sufriendo presiones, constantes agobios y acoso laboral" para que, según ha dicho, llegara a un pacto como han hecho cuatro de los enjuiciados.

El otro procesado que no ha conformado penas ha comenzado su intervención dando las gracias al tribunal por sentirse "escuchado" pues hasta ahora cree que todo ha sido "un monólogo de la acusación", ya que solo hablaba "una parte" y los demás tenían que "tragar y callar las amenazas". Y, entre lágrimas, ha expresado: "Mi madre se ha ido allá arriba (aludiendo así a que ha fallecido) sin saber que su hijo es inocente. Las madres -ha matizado- siempre lo saben, pero no ha visto la sentencia". Ha lamentado también que cuando "más falta" hacía que ayudase a su familia, se ha visto "involucrado en esto, por estos señores que vienen aquí a mentir", en alusión a los dirigentes municipales que han testificado. Ambos procesados han finalizado su alocución dirigiéndose directamente a los miembros del jurado que este viernes deberán deliberar sobre los hechos objeto del veredicto: "Hagan lo que tengan que hacer", les ha dicho uno. "En sus manos lo dejo", ha apuntado el otro.

CONCLUSIONES E INFORMES 

Antes del turno a la última palabra, las partes han expuesto sus conclusiones y han informado. La fiscal ha modificado las suyas en el sentido de que la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas interesada se tenga en cuenta como muy cualificada, aunque en la práctica esto no afecta a las penas solicitadas, que ya era "muy pequeña" para quienes han aceptado los hechos y pactado la condena (en tres casos se han sustituido los dos meses y quince días de cárcel por una multa). Y además ha introducido una precisión: que la cuantía que deben pagar todos los que han conformado sea de 5 euros diarios -y no 6 para algunos- durante un mes, con lo que el montante reclamado es idéntico, de 150 euros por persona.

También ha cambiado sus conclusiones el abogado del Ayuntamiento -que insiste en que todos los procesados han sustraído talonarios y dinero, tanto los que así lo han reconocido como los que no-, para adherirse al ministerio público y rebajar hasta nueve meses de prisión y otros tantos de inhabilitación la pena solicitada a los dos procesados que rechazan la imputación. De su lado, las defensas de los otros cuatro encausados han centrado esta fase de la vista en ratificar la conformidad con los hechos y las penas pactadas, para que se dicte sentencia en ese sentido, y para pedir también que se excluyan del objeto del veredicto los hechos achacados a sus clientes y no tengan que deliberar sobre los mismos los integrantes del tribunal popular este viernes, en la última jornada del juicio.