La Consejería de Obras Públicas apartará al funcionario detenido ayer por presuntas irregularidades de la gestión de los contratos de mantenimiento de carreteras de los que estaba al frente, además de que está estudiando si es posible abrirle un expediente sancionador para que se le retire la condición de funcionario.

Y es que la Consejería no puede apartarle del cargo directamente al haber accedido mediante un concurso público, pero sí puede encargar los contratos que gestionaba a otra persona para evitar que, si queda en libertad, vuelva a su gestión con normalidad.

"Si al funcionario le dejaran en libertad, él volvería a su puesto de trabajo; es funcionario y por lo tanto nosotros esa condición no podemos suprimirla. Lo que sí podemos hacer y vamos a hacer de forma prácticamente inmediata es que en todos aquellos contratos en los que estuviera como responsable del contrato, evidentemente modificarlo", ha dicho este jueves el consejero del área, José Luis Gochicoa.

"Yo no le he puesto ahí", ha aclarado el titular de Obras Públicas para explicar que quitarle de su puesto como funcionario requiere un procedimiento sancionador que, además, hasta que no se levante el secreto de sumario del caso no se puede desarrollar, ya que no se tiene conocimiento oficial de quiénes son las ocho personas a las que se detuvo ayer dentro de la operación de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) y la Agencia Tributaria en Cantabria. En este sentido, Gochicoa no ha confirmado si se trata del jefe de Conservación de Carreteras, porque "solo sabemos que ese funcionario hoy no ha asistido a su puesto de trabajo", pero "no tenemos ninguna constancia ni siquiera de que esté arrestado de forma oficial".

Por ello, "no me gustaría todavía adelantarme hasta no tener por lo menos la documentación", ha añadido, señalando que por ahora lo que puede hacer como consejero es "que esos contratos los lleve otra persona".

Y es que del detenido dependía la gestión de "entre seis y ocho contratos anuales" que son "importantes" --además de algunos "pequeños"--, como por ejemplo los de asfaltado o de viabilidad invernal, un servicio que en estos días, ante las nevadas, "no podemos dejar de prestar".

De hecho, Gochicoa, que ha hecho estas declaraciones en un acto en el que ha participado hoy en Ruesga junto a la consejera de Justicia, Paula Fernández, ha señalado que el juzgado que lleva la investigación ha pedido al Gobierno la documentación relativa a una decena de contratos.

Al hilo, ha relatado que en el día de ayer, cuando el detenido estuvo en la Consejería acompañado por los agentes para revisar su despacho, aunque desconoce si se llevaron algún tipo de documentación -en tal caso "no debía ser muy voluminoso" porque "ésta parecido a como estaba anteriormente"-, la comisión judicial solicitó al Ejecutivo que identificara si esa persona era funcionario y que aportara documentación sobre una serie de expedientes, por lo que "se está preparando" para ponerla a disposición judicial "como muy tarde mañana".

Todo esos contratos estarían en marcha, "ninguno se encuentra adjudicado", ha remarcado el titular de Obras Públicas, añadiendo que la mayor parte de esa información es pública.

También ha llamado la atención sobre lo "difícil" que resulta actuar de una forma fraudulenta en unos procedimientos que son "complicadísimos", por lo que está "deseando" poder ver la documentación del caso y conocer "en qué fase se está produciendo algún tipo de soborno al funcionario" y cómo se puede evitar en el futuro una vez se levante el secreto de sumario, lo que según ha dicho esta mañana el vicepresidente cántabro, Pablo Zuloaga, ocurrirá mañana.

EL GOBIERNO SE PERSONARÁ COMO ACUSACIÓN

Tanto el consejero de Obras Públicas como la de Justicia han confirmado que el Gobierno, "como perjudicado", tiene intención de personarse como acusación en la causa una vez que conozca lo ocurrido y si se determina que "una persona ha podido estar cobrando cualquier tipo de comisión" aprovechando su cargo.

En este sentido, Gochicoa ha incidido en que el implicado "trabaja de una forma bastante individual" y parece que es el único envuelto en la causa, mientras todos los demás empleados de la Consejería siguen trabajando "con normalidad".

Es por ello que ha pedido que las irregularidades no se atribuyan a "una globalidad", sino a una persona concreta que tenía "un nivel de gestión importante". "Me fastidiaría muchísimo", ha sentenciado, recordando que solo la Consejería tiene más de 400 empleados y "no hay ningún elemento para sospechar" que haya más implicados.

Finalmente, ha dicho que no tiene "nada que objetar" en torno a cómo se está llevando a cabo la investigación y ha mostrado "total respeto a lo que está haciendo la Justicia", a la que ha vuelto a ofrecer "total transparencia". "Me parece que lo suyo es que efectivamente se investigue y es la forma también de que todos estemos tranquilos", ha remarcado.