El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Santander, que investiga los supuestos pagos irregulares de la Junta Vecinal de Escobedo de Camargo al club de fútbol de la localidad entre 2009 y 2017, ha dado un mes de plazo al conjunto deportivo para que aporte la documentación que demuestre que justificaban el destino de la subvenciones ante la entidad local.

Así lo han trasladado fuentes próximas al caso, que también han informado de la última testifical, practicada esta semana, a la responsable de la gestoría. Esta testigo indicó que conservarían la contabilidad de los últimos seis años pues no hacían auditoría de cuentas, sino que enviaban la contabilidad al Tribunal de Cuentas y a Hacienda, según explicó.

La declaración anterior, a finales de octubre, fue de un responsable de Ascan, quien negó que una empresa de este grupo -Sadisa- "pactara" con la Junta Vecinal entregar una ayuda al equipo futbolístico -la Unión Montañesa- a cambio de la renovación del contrato de explotación de una cantera.

Estas y otras comparecencias anteriores se enmarcan dentro de las diligencias previas incoadas contra la expresidenta y extesorero de Escobedo tras denunciar la Fiscalía de Cantabria posible prevaricación y malversación de caudales públicos mediante pagos presuntamente "irregulares" al club deportivo (18.000 euros anuales, procedentes del convenio para la explotación de una cantera en terrenos de la pedanía).

Con motivo de estas actuaciones, iniciadas la pasada primavera, también declaró, al margen de los dos citados implicados y en calidad de investigada, la alcaldesa de Camargo, Esther Bolado (PSOE), quien manifestó que no tiene "nada que ocultar" y la "conciencia tranquila". "No tengo nada de qué arrepentirme", dijo en junio la regidora, que presidió la pedanía entre 2011 y 2015.

Las actuaciones judiciales por los supuestos pagos irregulares de la Junta de Escobedo al club de fútbol local se iniciaron a petición del fiscal, tras hechos trasladados por los actuales dirigentes de la pedanía, contra la anterior presidenta y tesorero, también presidente de la Unión Montañesa, al que se habrían transferido más de 177.000 euros en 15 disposiciones, de 300 a 5.200 euros, entre 2007 y 2019.

En la denuncia se ponía de manifiesto que se trata de una cantidad "muy elevada" con cargo a los presupuestos de la pedanía, y de pagos realizados además de forma "directa" en favor de una entidad "dirigida por una persona vinculada a la propia Junta".

Y aunque los mismos se calificaron como "subvenciones", en las actas de las reuniones solo constan "acuerdos expresos" aprobando cuantías en favor de la Unión Montañesa en dos ocasiones y por 4.000 euros. Tampoco se aprecia "otro tipo de acuerdo, resolución o expediente administrativo para su concesión o posterior control, ni una fiscalización del destino dado a tales pagos".

De la documentación remitida al Juzgado se desprende que la expresidenta de la entidad local admitió los pagos durante su mandato y los justificó en base al convenio firmado en 2007 con Hormisa.