Las Mesas de Movilidad del Besaya y de la Bahía han exigido a los ayuntamientos de Torrelavega y Santander la "inmediata reactivación" de los trabajos para la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en ambas ciudades.

Los colectivos, que llevan más de un año trabajando propuestas en relación a las ZBE de ambas ciudades, consideran que no se puede dilatar más la adopción de medidas dada la "enorme intensidad media de vehículos que soportan diariamente los vecinos de estas ciudades y la presión sobre la salud pública y el medio ambiente que esto supone".

Por ello, han pedido a los ayuntamientos que enfoquen esta cuestión "con el rigor y la seriedad que requiere" y que se sienten con las Mesas para negociar la implantación de las ZBE "a más tardar el 1 de marzo de 2023", pues "cada día que pasa estamos condenando a la población a sufrir ruido y una mala calidad del aire y con ello ver degradar y arriesgar su salud física y psicológica a niveles intolerables".

Desde las Mesas señalan en un comunicado que los principales ayuntamientos de la región se han movido en esta cuestión "con lentitud y bajo criterios abiertamente tendenciosos, alejados de un enfoque práctico y científico de lo que deben ser las ZBE y, por supuesto, del espíritu de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que deben cumplir".

En este sentido, consideran que Torrelavega y Santander han "cedido" ante la oposición "poco razonada de sectores hostiles" a mejorar la calidad del aire y de vida, y han "ignorado" a "las voces autorizadas" de la comunidad científica y las autoridades sanitarias "en un caso claro de irresponsabilidad y cobardía política". En este sentido, destacan que la polución atmosférica está detrás de un 10% de las muertes provocadas por cáncer de pulmón.

Las Mesas insisten en que las ZBE tratan de reducir el número de vehículos -en especial los más contaminantes- en las zonas con mayor densidad de población y en lugares frecuentados por población sensible, como centros sanitarios, colegios, centros de mayores o centros de atención a personas con discapacidad. Por tanto, opinan que con el aplazamiento de la toma de medidas "se renuncia a alcanzar los objetivos" de mejora de la calidad del aire y de la salud de la ciudadanía, contribuir a mitigar el cambio climático, el cambio hacia modos de desplazamiento más sostenibles y el impulso a la eficiencia energética.