La empresa Ferrovial, que a principios de marzo anunció que trasladaba su sede social de Madrid a Bruselas, tiene como principal proyecto en Cantabria no solo las obras de ampliación y mejora del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, sino la gestión durante 20 años de los servicios no asistenciales del centro sanitario. Un contrato que fue puesto en marcha en 2013, durante los años de mayoría absoluta del PP en Cantabria y en España (2011-2015), y que tuvo en el entonces gerente de Valdecilla (y actual diputado del PP en el Parlamento de Cantabria), César Pascual, su principal responsable. Cinco años después de esto, y con el PP fuera del Gobierno cántabro, Pascual era llamado a declarar por presunta prevaricación al favorecer a Ferrovial en una adjudicación de la Comunidad de Madrid. Corría el año 2018, y casi al mismo tiempo, su hijo entraba a trabajar en Ferrovial, empresa en la que sigue actualmente.

Las condiciones en las que se produjo dicho contrato del Gobierno del PP con Ferrovial por Valdecilla fueron muy ventajosas para la empresa. Esto, junto a esa cesión de los servicios no sanitarios, provocó numerosas protestas de los trabajadores públicos, los sindicatos y los partidos que en aquel momento estaban en la oposición (PSOE y PRC). Todos ellos acusaron a Pascual y a la Consejería de Sanidad del PP de “privatización encubierta” y “pelotazo” al hacer negocio con la salud de los cántabros.

El proceso judicial tuvo lugar a principios de abril de 2018, y ese mismo mes el hijo de César Pascual, graduado en Ingeniería Civil por la Universidad de Cantabria, entró en Ferrovial como jefe de producción en el proyecto de urbanización del sector API‐01 ‘El Higuerón’, en el término municipal de Fuengirola (Málaga).

Pascual (hijo) inició así una relación laboral con la empresa por la que su padre tuvo que declarar por ese presunto delito de prevaricación. Como consta en su currículo público, el proyecto en Málaga tuvo una duración de dos años, hasta marzo de 2020. A continuación, ejerció diferentes puestos en proyectos ejecutados por Ferrovial: jefe de obra en una obra de emergencia para reparación de un deslizamiento en la A-7 en el término municipal de Lujar (Granada); jefe de producción en el proyecto y obra de la ampliación de la EDAR oeste Los Vados (Granada); y jefe de producción en el proyecto de renovación de desvíos en la Línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla, cargo que ocupa desde 2022 hasta la actualidad.

Lo cierto es que la adjudicación del contrato de Valdecilla, por el que el Ejecutivo cántabro tiene que pagar a Ferrovial casi 900 millones de euros durante los 20 años de duración, estuvo rodeada de polémica desde el principio. De hecho, el Parlamento llevó a cabo una Comisión de Investigación sobre la gestión que se llevó a cabo por el PP, lo que sumado a los sobrecostes, el traslado de algunos de los servicios fuera del propio hospital y las denuncias de trabajadores de unas instalaciones “muy deficientes”, pusieron a Pascual (padre) en el punto de mira por las sospechas de una privatización encubierta, algo que se acrecentó cuando cinco años después se encontró en los tribunales precisamente por haber beneficiado presuntamente a la misma empresa.

Los vínculos de Ferrovial con Cantabria tienen un claro sello del PP. En el caso de Valdecilla, fue el propio César Pascual el encargado de anunciar que en octubre de 2013 la adjudicación a la UTE Ferrovial-SIEC del contrato de colaboración público-privada del hospital, asegurando que se habían presentado siete empresas que, a lo largo del proceso, se fueron retirando “cuando veían los requerimientos que les hacíamos”, como declaró el entonces gerente del Hospital cántabro. Dicho de otro modo, solo terminó presentándose una empresa: Ferrovial-SIEC.

Ya entonces tuvo que negar “categóricamente” que “no haya habido concurrencia”, llegando a afirmar que “a mí no me parece raro que sólo se haya presentado una empresa porque, insisto, ha sido un largo caminar de casi seis meses”. Sin embargo, fue esto precisamente lo que cinco años después, al hilo de su comparecencia en los tribunales por presunta prevaricación, tanto Podemos como PSOE reclamaron que se investigara.

De hecho, como denunció la entonces diputada de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Rosana Alonso, unas grabaciones que se habían hecho públicas evidenciaban “el interés” de Pascual, mano derecha de la ex consejera de Sanidad de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (actual presidente de los ‘populares’ cántabros), por “favorecer” a Ferrovial. Algo que coincide en el tiempo con la entrada de su hijo en la empresa constructora.

Según se publicó en 2018, el actual diputado del PP en el Parlamento Cántabro habría ejercido presiones a los dueños de la empresa de ambulancias Alerta S.A. para que renunciaran a la adjudicación que habían obtenido en primera instancia para gestionar las ambulancias del SUMMA, contrato que finalmente fue a parar a manos de una filial de Ferrovial. El actual portavoz de Sanidad del PP cántabro declaró entonces junto a otros altos cargos de la Consejería de Sanidad gestionada por los ‘populares’ en el Gobierno de Cristina Cifuentes en Madrid, entre ellos el viceconsejero de Sanidad de la capital española, Manuel Molina, quien durante el juicio reconoció dichas presiones a la empresa por “el bien de los ciudadanos”. Curiosamente, la oferta de Ferrovial era “inferior” a la de Alerta S.A.