La Federación Cántabra del Taxi ha acusado a la Dirección General de Transportes del Gobierno regional que dirige Felipe Piña de "paralizar" la transmisión de las licencias de taxi en la comunidad autónoma. En un comunicado, ha señalado que, a partir de ahora, las licencias de taxi no se podrán transmitir por jubilación del titular y tendrán que ser devueltas al Ayuntamiento correspondiente.

Según ha indicado, solo cabría la posibilidad de transmisión a conductores asalariados con un año de antigüedad en la propia licencia a transmitir, lo que, según la Federación, es algo "inviable, principalmente en las zonas rurales, donde esta figura apenas existe".

La Federación ha indicado que este "nuevo criterio es totalmente contrario a la actuación desarrollada por la Dirección General de Transportes durante 43 años".

Ha indicado que, por lo tanto, con su aplicación, quedan "invalidadas la gran mayoría de transmisiones autorizadas en los últimos años", principalmente en Santander, población que aglutina más del 50% de las licencias de taxi existentes en la región y cuya Ordenanza Municipal permite desde 2009 la transmisión por jubilación del titular o a un asalariado de cualquier otra licencia en el municipio.

Además, el sector del taxi de Cantabria ha denunciado la "incompetencia" que, a su juicio, muestra el director general de Transportes, Felipe Piña, para aprobar la normativa que regule esta actividad en la comunidad autónoma, en tramitación desde que tomó posesión del cargo en 2017. "Desde la Federación Cántabra del Taxi nos preguntamos por qué, tras más de 4 décadas aplicando el mismo criterio, se decide aplicar ahora una norma que solo se utilizaba con carácter supletorio a las actuales ordenanzas municipales. ¿Qué intereses defienden la Dirección General de Transportes y el Partido Regionalista de Cantabria?", se ha preguntado en un comunicado el colectivo.

Para la Federación, este nuevo criterio supone un "ataque a la línea de flotación de los trabajadores autónomos del sector" y se ha cuestionado sobre "qué se busca hundiendo al taxi de la región". Este colectivo cree que el Gobierno regional "arremete contra los trabajadores autónomos para facilitar la entrada de empresas privadas en el transporte".

De hecho, ha indicado que Transportes ha llegado a autorizar recientemente la transmisión de licencias de particulares a empresas privadas, como asegura que ha ocurrido en el caso de Ruesga, donde se ha concedido una tarjeta de transportes a una empresa de autobuses. También ha señalado que esta misma dirección general del Gobierno de Cantabria ha paralizado la concesión de tarjeta de transporte a una licencia de taxi de Cabezón de la Sal, que además es la única existente en el municipio adaptada para el transporte de personas con movilidad reducida porque, según su criterio, no cumple los requisitos recogidos en el Reglamento Nacional de 1979.