La Federación de Construcción y Servicios de Comisiones Obreras de Cantabria ha denunciado este jueves a Renfe-Adif ante la Delegación del Gobierno español en la comunidad autónoma por "incumplimiento" de la legislación vigente sobre seguridad ciudadana y seguridad privada, ya que la empresa pretende reducir de manera "drástica" la prestación del servicio de vigilancia en sus instalaciones en la comunidad autónoma.

Según ha explicado CCOO en nota de prensa, en la actualidad el servicio de vigilancia de Renfe-Adif –gestionado por Prosetecnisa– cuenta con 11 vigilantes de seguridad en las diversas instalaciones de la empresa, durante los 365 días de año. Añade que a partir del 1 de febrero de 2018, y coincidiendo con el cese de Prosetecnisa y la llegada de Securitas para hacerse cargo del servicio de vigilancia, el servicio de vigilancia de las instalaciones mencionadas será reducido en un 33%, reduciéndose a 7 personas para toda la comunidad autónoma. La decisión ha sido tomada por el departamento de Seguridad de Renfe-Adif Zona Norte de Irún (competente para País Vasco y Cantabria) en un acto de "irresponsabilidad social y laboral flagrante y sin hacer ninguna consulta con los profesionales, con una plantilla ya de por sí ajustadísima dado su volumen de trabajo y notoria responsabilidad en un servicio público como en el que desempeñan", según el responsable de Seguridad Privada de CCOO en Cantabria, Antonio Helguera.

Destaca que el servicio de vigilancia en Cantabria desempeña una labor compleja que requiere de alta cualificación, ya que, entre otras tareas, incluye la vigilancia de mercancías peligrosas en estaciones de carga de Muriedas o Torrelavega, acordonamiento para el tránsito ferroviario en caso de accidentes y plena colaboración con los Cuerpos de Seguridad y efectivos de Protección Civil o sanitarios, la identificación de personas no autorizadas por el transito ferroviario, detención y puesta a disposición de efectivos de orden público tras sabotajes o robos, o vigilancia y reconocimiento de las instalaciones de telecomunicaciones en por zonas propiedad de Renfe.

Por todo ello, el sindicato ha denunciado que se puede estar incumpliendo la legislación de seguridad privada y de seguridad ciudadana, entre otras, según la cual las empresas de servicios de vigilancia deben garantizar la seguridad en industrias o establecimientos calificados como infraestructura crítica o esencial, con arreglo a la legislación de actividades clasificadas, como se consideran las instalaciones de Renfe-Adif.

Para Helguera, la empresa "pone en riesgo" la seguridad de los ciudadanos de Cantabria desde su Departamento de Seguridad en Irún y "es lamentable que de nuevo suceda que los recortes en personal y seguridad de este tipo de entes recaiga siempre en Cantabria, entendiendo que el Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, tendrá que tomar cartas en el asunto de forma inmediata". CCOO también reclama al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y a los alcaldes de Santander, Camargo y Torrelavega su implicación en esta situación "de claro interés público" para la ciudadanía.

El sindicato anuncia por último que si Renfe no reconsidera su decisión, se ampliarán las medidas de presión para garantizar la seguridad ferroviaria de Cantabria.