El Gobierno de Cantabria ha solicitado al Ministerio de Justicia el refuerzo de la Sección Civil de la Audiencia Provincial con un nuevo magistrado, así como la creación de dos nuevos órganos judiciales: el juzgado de primera instancia número 13 de Santander y el de lo Social número 7, también en la capital, con los que aliviar la carga de trabajo de los tribunales de la Comunidad Autónoma.

La Consejería Justicia del Gobierno cántabro ha enviado su petición al Ministerio, un informe que es preceptivo para la creación de unas 70 nuevas unidades judiciales, que son las previstas en la programación de 2023 para todo el territorio español. Con esta reivindicación, el Gobierno autonómico pretende hacer frente a la "sobrecarga" de trabajo de los juzgados de primera instancia de Santander, que superan casi en 20 puntos la tasa de litigiosidad aconsejada del 130%, que en este caso alcanza el 159,7 por ciento.

Por su parte, las secciones civiles de la Audiencia Provincial de Cantabria, a pesar de la creación de una plaza en 2022, tienen una carga del 148,9%, superior también a la recomendable. Igualmente, como se recoge en el informe del Ejecutivo regional, existe una "clara" congestión en la jurisdicción social, si bien, aunque en 2022 desciende el número asuntos ingresados, se supera el módulo de entrada que sirve de referencia para las propuestas organizativas de la Administración de Justicia.

El informe del Gobierno hace referencia también a la carga de trabajo de los dos juzgados de primera instancia e instrucción de Santoña, si bien la próxima puesta en macha de la Oficina judicial de El Dueso prevé aliviar su situación al dejar de tramitar unos 5.000 exhortos o comunicaciones dirigidas al centro penitenciario.

La propuesta del Gobierno cántabro ha tenido en cuenta las necesidades transmitidas por los operadores judiciales para mejorar el servicio de la justicia y hacer frente al incremento de trabajo que ha supuesto para estos órganos judiciales.

Por último, Cantabria ha propuesto la puesta en marcha de los nuevos órganos judiciales el 31 de diciembre de 2023, con el fin de poder dotarlos con los medios personales y materiales necesarios.