La Comisión 8 de marzo participará en la manifestación estatal convocada este sábado en Valladolid por organizaciones feministas de todo el país para reivindicar que el derecho al aborto sea efectivo en el sistema sanitario público y que se eliminen los "obstáculos" que existen para las mujeres que quieren interrumpir su embarazo.

La Comisión 8 de marzo de Cantabria es uno de los colectivos convocantes de la movilización de este 15 de abril y denuncia que las cántabras tengan que trasladarse fuera de la comunidad para realizar un aborto quirúrgico tras el cierre de los dos únicos centros hospitalarios concertados que hacían estas cirugías.

Frente a ello, exige que la interrupción del embarazo se pueda realizar en el sistema público, sin derivaciones a clínicas concertadas ni desplazamientos fuera del lugar de residencia, como han defendido este martes las representantes de la Comisión, Charo Quintana y Ana Bolado, en una rueda de prensa que han ofrecido con motivo de su participación en la manifestación, que tendrá lugar a partir de las 12:30 horas.

Además, la Comisión 8 de marzo ha convocado para este miércoles, a las 11:30 horas, una 'performance' en la plaza del Ayuntamiento de Santander para que las organizaciones que componen el grupo "puedan definirse en torno a este tema" y "aclarar los puntos que deseen" de cara a la manifestación de Valladolid.

El colectivo ha lamentado que en Cantabria solamente es posible irrumpir el embarazo en el Centro de Salud La Cagiga, mediante el aborto farmacológico, o en Valdecilla, tanto a través de este método como con el quirúrgico, aunque este último únicamente se puede realizar si existen complicaciones en el embarazo.

Para pedir una solución, la Comisión se ha reunido hace unos días con el vicepresidente y consejero de Igualdad, Pablo Zuloaga, y con el consejero de Sanidad, Raúl Pesquera, y también ha solicitado un encuentro con el gerente del Servicio Cántabro de Salud (SCS), Rafael Sotoca, aunque por el momento no se ha confirmado esta cita. Así lo ha indicado Bolado, que ha insistido en que el SCS "puede y debe" atender todas las solicitudes de interrupción voluntaria de embarazo de las mujeres de Cantabria "independientemente de su causa y de la necesidad de un método quirúrgico o farmacológico".

La Comisión ha criticado que, a pesar de que en 2010 se aprobó la ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria de embarazo, que reconocía el derecho al aborto, el acceso efectivo a esta práctica "se ha visto continuamente dificultado" estos años. Así, el colectivo feminista apunta a "dificultades" como la "inexistencia en muchas comunidades de información sobre dónde acudir para solicitar la prestación, no realización de abortos en hospitales públicos, incluso en casos de diagnóstico de anomalías fetales en embarazos avanzados, necesidad de desplazarse a otra provincia o región para acudir a una clínica concertada, violencia ejercida a las puertas de estas clínicas por organizaciones de ultraderecha, etcétera".

A esto suma la reciente propuesta del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, de "hacer escuchar a las mujeres que solicitan un aborto el latido fetal o ver al embrión o feto mediante ecografía 4D" como se hace en algunos países, lo que para la Comisión 8 de marzo "no es una ocurrencia de Vox" sino "una estrategia internacional de la extrema derecha de ataque a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres".