NOJA

El Ayuntamiento de Noja deberá pagar 38.400 euros por otra “contratación verbal” de su exalcalde

Esta decisión judicial es la tercera en poco más de un mes que señala irregularidades en la gestión del exalcalde de Noja más concretamente en la contratación administrativa.

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El exalcalde de Noja, Jesús Díaz

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 3 de Santander ha condenado al Ayuntamiento de Noja a abonar a Servimed Norte S.L. un total de 38.400 euros, más los intereses legales desde la fecha de la factura, por el impago de los servicios sanitarios prestados con una ambulancia medicalizada por la empresa entre septiembre y diciembre de 2013, cuando el Consistorio estaba regido por el PP de Jesús Díaz. La sentencia rechaza de este modo el recurso del Ayuntamiento que pretendía declarar la nulidad del referido contrato, que como recoge el texto fue verbal.

En el texto la jueza apunta que ninguna de las dos partes discute el hecho de que haya existido una “efectiva prestación de servicios”, destacando que se realizó una “mera contratación verbal” y considerando que existió un enriquecimiento por parte del Ayuntamiento que supuso un empobrecimiento para la empresa.

Como señala la sentencia, “al no existir contrato alguno, no hay prueba de acuerdo sobre el precio de los trabajos”, algo que “no implica indeterminación absoluta”, sino solo que dicha determinación se realiza “a posteriori, lo cual se efectúa por el juzgador, en caso de discrepancia”.

Esta decisión judicial es la tercera en poco más de un mes que señala irregularidades en la gestión del exalcalde de Noja, Jesús Díaz

Ante esto, el juzgado desestima el recurso que solicita la nulidad del contrato, pero estima parcialmente el recurso contra la resolución que acordaba la liquidación del mismo de mayo de 2017, por lo que fija la cantidad en 38.400 euros y no impone las costas al Ayuntamiento. Contra la sentencia cabe recurso de apelación en el plazo de 15 días desde que se notifica a las partes.

TERCERA SENTENCIA

Esta decisión judicial es la tercera en poco más de un mes que señala irregularidades en la gestión del exalcalde de Noja, Jesús Díaz, más concretamente en la contratación administrativa. Y todas ellas parecen tener como denominador común la realización de contratos verbales por parte del equipo de Gobierno del PP.

Las dos anteriores sentencias, dictadas por el juez Luis Acayro Sánchez, hacían referencia a dos contratos con la mercantil GIOC, uno relacionado con la remodelación de la Oficina de Turismo de Noja, por el que el Ayuntamiento ha sido condenado a pagar 14.230,84 euros, y otro por las obras de ampliación del Colegio Público Palacio, adjudicadas a través de la empresa pública Viviendas de Noja VPO SL, participada al 100% por el consistorio y cuyo representante legal en ese momento era Díaz.

En ambas sentencias, cuyos contenidos fueron elevados a la Fiscalía de Cantabria por posibles delitos de prevaricación administrativa, se detalla que “parece haber sido habitual la vulneración de todos los principios básicos de la contratación administrativa”, realizando contratos verbales y “fraccionados deliberadamente, sin consignación previa”.

A su vez, estas decisiones judiciales que señalan presuntos delitos cometidos por Jesús Díaz se producen después de la recomendación por parte del Consejo de Estado de proceder a incoar expediente al exalcalde y actual concejal del PP por al menos otros cuatro contratos adjudicados a dedo y lesivos para el interés público y general.

En las consideraciones previas a este dictamen, este órgano plantea que “este es el cuarto expediente de revisión de oficio de actos de adjudicación relativos a contratos suscrito por el Ayuntamiento de Noja que se recibe en este Consejo de Estado”, y señala que “todos estos contratos se adjudicaron en la misma época y todos han resultado lesivos para el interés público y los intereses generales”.

A Jesús Díaz se le han imputado, además, otros presuntos delitos de prevaricación, malversación y contra las garantías institucionales. El caso más conocido es el proceso judicial por el que tuvo declarar en una primera fase el pasado 28 de junio por posibles delitos que habría cometido durante su etapa como alcalde entre 2009 y 2013.