La Asamblea contra la Fractura Hidráulica de Cantabria ha exigido al Ministerio de Energía la extinción, de manera "inmediata", de los permisos de Bezana y Bigüenzo, concedidos en el sur de la comunidad autónoma para la práctica del fracking, alegando que ambos han caducado. El colectivo, que pide que dicha desaparición se aplique también al pozo de Sestero-1, proyectado en Valderredible, basa su petición en que la vigencia de ambos permisos era hasta diciembre de 2015, sin que la empresa interesada en los mismos (Gas Natural Fenosa) haya solicitado la correspondiente prórroga, que por tanto no se le ha concedido.

En este sentido, la agrupación contraria al fracking recuerda la sentencia dictada en noviembre de 2016 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que creó jurisprudencia y según la cual cuando un permiso de investigación de hidrocarburos termina su periodo de vigencia, es extinguido "automáticamente" y no se puede realizar ningún trabajo en el marco del mismo. Así, cualquier actuación enmarcada dentro de los permisos de Bezana y Bigüenzo –que siguen en vigor y que afectan a Valderredible, Valdeprado, Valdeolea y Campoo–, sería ilegal, dada igualmente la situación de "ilegalidad" en la que se encuentran, como ha advertido este jueves el portavoz de la Asamblea contra la Fractura Hidráulica en Cantabria, Josué Bilbao.

Se han dirigido a la Delegación del Gobierno para presentar una solicitud en la que piden el archivo de los permisos

En una rueda de prensa ofrecida en la calle, frente a la sede de la Delegación del Gobierno español en Cantabria, el colectivo ha denunciado las "graves irregularidades" en torno a ambos permisos del sur de la comunidad autónoma, y que han hecho extensivas al pozo de fracking Sestero-1. Tras su comparecencia ante los medios para realizar públicamente estas denuncias, los integrantes del colectivo se han dirigido a la Delegación del Gobierno para presentar una solicitud en la que piden el archivo de los permisos. Han acompañado el escrito de la documentación en la que se basan para realizar tal petición: la sentencia del TSJ de Madrid y la notificación de la Dirección General de Política Energética y Minas de que no se ha solicitado ninguna prórroga a los permisos, que caducaron por tanto hace año y medio. En dicho escrito, ha explicado Bilbao, exigen a este departamento que inicie el proceso administrativo que lleve a la desaparición de los dos permisos en los valles del sur. Y, paralelamente, se insta a la Dirección General de Evaluación y Calidad Ambiental a que archive igualmente cualquier procedimiento iniciado al amparo de ambos.

En este sentido, el portavoz de la asamblea ha lamentado que la Administración "ignore" la regulación y mantenga en vigor unos permisos que deberían estar "extintos hace tiempo", y que haya hecho "oídos sordos" a la petición de información realizada por el colectivo. Frente a ello, ha contrapuesto la labor de la ciudadanía, que tiene que estar "vigilante" y "alerta" ante este tipo de situaciones para que no haya fracking "ni en Cantabria ni en ningún lugar, ni ahora ni nunca".