El Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes por unanimidad la nueva Ley autonómica de Iniciativa Legislatuva Popular (ILP), que reduce de 10.000 a 4.000 las firmas requeridas y amplía los plazos para recogerlas, aspectos con los que la comunidad se incorpora al grupo "de las que más facilitan" el uso de este mecanismo.

Esta ley sustituirá a la que hasta ahora regulaba en Cantabria la ILP y que databa de 1.985, una norma que, según han reconocido Gobierno y oposición, estaba "obsoleta" a la vista de los "cambios sociales y tecnológicos" y en la técnica jurídica que se han producido desde entonces.

Durante la presentación de la norma en el Pleno, el consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra (PRC), ha mostrado su "satisfacción por la actitud" de todos los grupos, por sus "ganas de enriquecer el texto" a través de las enmiendas registradas --36, de las que se retiraron dos y se aprobaron 17-- y por el "consenso" alcanzado que han permitido aprobarla por unanimidad, algo de lo que también se han felicitado los grupos de la oposición.

De la Sierra ha reconocido que las enmiendas que se han incorporado han permitido hacer "más útil" el texto y, entre ellas, ha considerado que "lo más llamativo" que aportan es que han hecho que finalmente sean 4.000 las firmas requeridas para promover la ILP, y no las 5.000 que se fijaban en el proyecto de ley presentado por el Gobierno de Cantabria, algo que el consejero ve como "razonable".

El PP planteaba, a través de una enmienda que ha llegado 'viva' al Pleno de este lunes pero que ha sido rechazada, una fórmula consistente en no establecer en la norma un número de firmas concretos, sino un porcentaje: el 0,75% del censo electoral que haya en cada momento, un planteamiento que, según ha explicado la diputada popular Isabel Urrutia, es más favorable "para que la ley dure otros 33 años".

Sin embargo, finalmente se ha optado por establecer un número fijo de 4.000 las firmas, un número que, según De la Sierra, un 0,8% del censo electoral, lo que sitúa a Cantabria como la quinta que menor porcentaje exige y, por tanto, que "más facilita" el uso. Solo Galicia, País Vasco, Valencia y Andalucía tienen porcentajes más bajos.

También De la Sierra ha opinado que era "razonable" la inclusión de enmiendas que también han permitido ampliar los plazos previstos en la norma, que pasan de los 3 que marcaba la norma anterior a 6, prorrogables otros tres, un mes más de lo que planteaba el proyecto de ley del Ejecutivo.

Con estos plazos, Cantabria entra también "en los primeros puestos de España" en cuanto a amplitud de plazos.