Los afines al expresidente del PP de Cantabria, Ignacio Diego, autodenominados Lealtad Popular, no piensan dar por perdida la batalla contra la actual líder de la formación autonómica, María José Sáenz de Buruaga, elegida en el pasado Congreso regional por una mínima diferencia de cuatro votos. Después de denunciar públicamente diversas irregularidades y de acudir a Madrid para presentar un escrito en el que solicitan a la dirección nacional que investigue el proceso, ahora han dado un paso más y han presentado una demanda judicial contra el partido.

En el escrito, que fue presentado este jueves ante el Decanato de Santander y se está a la espera de que sea derivada a un juzgado, se pide la nulidad del Congreso regional del 25 de marzo. La demanda ha sido presentada a través del abogado astuariano Manuel Estrada, quien consiguió anular en los tribunales el congreso del PP de Gijón celebrado el 18 de octubre de 2014, en el que obtuvo la mayoría de los votos David González Medima, lo que supuso la celebración de un congreso extraordinario, que también recurrió ante la Justicia.

"Se esperaba una respuesta de Génova que no ha habido y tampoco de Santander a una situación de irregularidad", ha declarado Solanas

El paso tomado por los afines a Diego era, según ha explicado el portavoz, Joaquín Solanas, que fue director general de Cultura con Diego como presidente autonómico, “lo previsible”. "Se esperaba una respuesta de Génova que no ha habido y tampoco de Santander a una situación de irregularidad. Con lo cual, se podía pasar a una posible acción judicial", ha dicho en declaraciones a Europa Press.

Asimismo, ha señalado que ahora "toca esperar" a la resolución judicial y a que el PP de Cantabria o el PP nacional "haga algo".

Proceso

La demanda judicial llega después de que el pasado 7 de abril estos afines a Diego dieran a conocer un escrito en el que alcaldes y líderes del PP de cerca de 70 municipios de Cantabria solicitaron a la Dirección nacional del partido la apertura inmediata de una investigación sobre los hechos producidos antes y durante el Congreso Regional de marzo, y que suspenda cautelarmente a la actual Dirección del Partido Popular en Cantabria, encabezada por Sáenz de Buruaga.

Además, éstos acordaron no reconocer la legitimidad de la actual Dirección del PP en Cantabria "en tanto en cuanto los procesos de investigación interna, así como las demandas judiciales a que hubiere lugar, no lleguen a término".

Días después, el día 11, representantes de este grupo acudieron en autobús a la sede nacional del PP, en la calle Génova de Madrid, en el que exigían la apertura de una investigación por las "irregularidades y pedía la suspensión cautelar de la actual Dirección regional y el nombramiento de una gestora hasta que termine la investigación”.

Por su parte, desde la dirección nacional se anunció que dicho escrito se estudiaría por parte de la Comisión de Derechos y Garantías del partido, aunque se señaló que María José Sáenz de Buruaga era la "presidenta del PP de Cantabria a todos los efectos" porque "da por bueno" el resultado del Congreso regional.

La dirección regional ha considerado “sorprendente” que este grupo no haya esperado “a conocer el pronunciamiento de los órganos nacionales” del PP

Además, estas mismas fuentes de la Dirección Nacional subrayaron que el propio Diego, presidente del PP cántabro durante los últimos trece años, "aceptó los resultados" que daban la victoria por cuatro votos a Sáenz de Buruaga en las declaraciones que realizó a los medios de comunicación tras el Congreso.

Estrategia perfectamente trazada

Este viernes la dirección regional del PP ha respondido al escrito presentado por estos afines a Diego. En un comunicado que consta de ocho puntos han considera que, aunque “cualquier afiliado está en su derecho de recurrir a los tribunales”, en este caso tiene el “convencimiento de que solo obedece a una estrategia perfectamente trazada de quienes se niegan a aceptar el resultado del 12 Congreso Regional tras haberlo perdido”, siendo el objetivo de dicha estrategia “destruir al Partido Popular”.

Asimismo, ha recordado que “los promotores del recurso no han formulado en ningún momento del proceso congresual impugnación alguna con arreglo a los Estatutos”, por lo que ha defendido que, “si tan evidentes son las irregularidades y tan seguros están de que se han cometido, lo habrían hecho ante el Comité Nacional de Derechos y Garantías” de forma reglamentaria. En este sentido, ha defendido que “no han agotado ninguna de las vías internas” antes de recurrir a los tribunales.

La dirección regional ha considerado “sorprendente” que este grupo no haya esperado “a conocer el pronunciamiento de los órganos nacionales” del PP sobre el documento presentado antes de acudir a los tribunales.

En el comunicado también ha defendido que “no hay ningún motivo para cuestionar el Congreso Regional” de marzo, así como la legalidad del abono de las cuotas, algo sobre lo que ya se ha pronunciado la Asesoría Jurídica del partido a nivel nacional en otras situaciones, como en las elecciones a compromisarios de Nuevas Generaciones para el Congreso Nacional, donde el 40% de los electores lo fueron tras abonar la cuota mediante una transferencia bancaria realizada desde la misma cuenta.

La dirección del PP en Cantabria ha criticado que esta impugnación en los tribunales ha estado “precedida de un permanente cuestionamiento público” del resultado, con “constantes desafíos a la nueva dirección”, y de una “campaña difamatoria contra la presidenta regional, contra los trabajadores de la sede y contra los afiliados”.

Por otro lado, ha anunciado que “va a agotar todas las vías que tiene a su alcance para defender el honor y la dignidad de todos sus afiliados y, especialmente, del afiliado de  Laredo inmerso en una campaña de difamación y al que se ha atribuido una discapacidad psíquica que no tiene”, y ha tendido la mano a este grupo, defendiendo que “en el PP pueden y deben caber todos”.