La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) y el Ayuntamiento de Polanco crearán un grupo de trabajo con el objetivo de poder buscar soluciones a los "problemas" de okupación de las viviendas del municipio propiedad de la entidad, en especial en la urbanización G-20 en Requejada.

Sareb valorará cada caso bajo el principio de sostenibilidad y utilidad social que rige en la compañía, ha indicado el Consistorio en nota de prensa.

La mesa de trabajo estará abierta a los responsables de tramitar los alquileres sociales y de elaborar los informes de vulnerabilidad de las personas que residen en estas viviendas, e incluso si se estima oportuno a la participación de las Fuerzas de Seguridad para "evitar problemas de convivencia".

Así lo han acordado ambas partes tras el encuentro celebrado este lunes, 13 de febrero en Madrid por parte de la alcaldesa de Polanco, Rosa Díaz, y el primer teniente de alcalde, Avelino Rodríguez, con responsables de la dirección de Vivienda Social y Asequible y Relaciones Institucionales de Sareb.

Díaz ha explicado que Sareb "estudiará con detalle" la situación de las personas que habitan de forma irregular en sus viviendas, tanto en la urbanización G-20 como en otros lugares del municipio, entre ellos en Mar, donde se analizará en qué estado se encuentran las casas para poder comercializarlas "lo antes posibles".

Asimismo, la Sareb ha confirmado que "no son de su propiedad" otras viviendas okupadas en una urbanización del barrio Menocal, por lo que el Ayuntamiento "seguirá realizando gestiones" con el objetivo de determinar qué otra entidad es titular de las mismas.

La alcaldesa ha valorado como "positivo" el encuentro con la dirección de la Sareb y por haber logrado establecer "un contacto directo" para analizar la situación de las viviendas y evitar okupaciones.

También ha resaltado como "un paso adelante" el acuerdo de coordinar esfuerzos para intentar solventar "cuanto antes" la situación de la urbanización del G-20 en Requejada, afectada por "okupaciones irregulares" de algunas viviendas, así como "problemas de convivencias" y "situaciones peligrosas" derivadas de los "enganches ilegales de luz y de agua" que se llevan a cabo.

Díaz ha reiterado el compromiso adquirido hace unos meses con los vecinos de esta urbanización para prestarles "todo el apoyo que sea posible" ante su preocupación por las situaciones que viven y que generan "cierta alarma social".